La extitular del Ministerio de Cultura, Gisela Ortiz, emitió un pronunciamiento —a través de sus redes sociales— con motivo de que este martes, 18 de julio, se conmemoran 31 años desde que ocurrió la masacre de La Cantuta, en la que fallecieron un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Este crimen fue perpetrado por el denominado Grupo Colina y llevó al expresidente Alberto Fujimori a recibir una condena de 25 años por autoría mediata.
En su mensaje, Gisela Ortiz recuerda el cobarde asesinato cometido contra los estudiantes de La Cantuta, algunos de ellos recibieron disparos por la espalda. A pesar de existir una condena contra los responsables políticos, tanto Alberto Fujimori como Vladimiro Montesinos siguen sin reconocer su responsabilidad en dichos asesinatos.
“Hoy conmemoramos a nuestros familiares asesinados cobardemente por la espalda, maniatados y de rodillas, por el Grupo Colina, protegidos por Fujimori, Montesinos y quienes hasta ahora niegan los crímenes. 31 años después seguimos buscando a quienes nos faltan”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 18 de julio de 1992, las víctimas fueron detenidas, asesinadas y enterradas en fosas clandestinas por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, miembros del denominado Grupo Colina. En aquel momento el poder —desde el Estado— era concentrado por el entonces presidente Alberto Fujimori y el jefe del SIN, Vladimiro Montesinos.
Desde aquella fecha, los familiares de las víctimas vienen buscando los restos de sus familiares para conocer los detalles de lo ocurrido aquel día. Con el paso de los años, se fue logrando justicia, pero aún falta por encontrar los restos de cuatro de las diez víctimas. Se trata del profesor Hugo Muñoz Sánchez y de los estudiantes Robert Teodoro Espinoza, Juan Mariños y Heráclides Pablo Meza.
Finalmente, los deudos continúan insistiéndole al Estado peruano que reinicie la búsqueda de los cuerpos faltantes en las fosas clandestinas ubicadas en Cieneguilla. El proceso forense falta por ser concluido, dado que en agosto de 2022 quedó paralizado luego de encontrarse los restos óseos de Armando Amaro Cóndor, según se determinó tras una prueba de ADN.