Contraloría pide a López Aliaga accionar contra presunta contratación irregular en La Victoria
El OSCE determinó que Marco Álvarez, ahora alcalde de San Borja, infringió la legalidad cuando trabajó para la Municipalidad de La Victoria, siendo regidor por Lima.
Retraso. La Contraloría General de la República le requirió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, su intervención en el caso de Marco Álvarez Vargas, exregidor de la comuna que laboró, al mismo tiempo, en la Municipalidad de La Victoria. La primera advertencia de la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) fue el 3 de mayo del 2022. La funcionaria Ana María Gutiérrez le comunicó al Órgano de Control Institucional (OCI) la identificación a la que llegaron: una presunta infracción a la normativa de contrataciones.
Elegido para el período 2019-2022, Álvarez Vargas estaba impedido de trabajar con el Estado "en el ámbito de la competencia territorial de la región Lima", pero igual lo hizo. El OCI comprobó la prestación del servicios del entonces funcionario en La Victoria de marzo del 2021 a febrero del 2022. En esos 11 meses asesoró a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Secretaría General. También fue responsable ambiental de la Subgerencia de Áreas Verdes. En solo esos tres puestos ganó S/55.800.
El 5 de octubre del 2022, el jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Lima le hizo saber al anterior alcalde Miguel Romero Sotelo de la presunta irregularidad del entonces regidor. Más de un mes después, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima de la Defensoría del Pueblo se comunicó con el secretario general del concejo. Se pidió que se "adopten acciones de acuerdo a sus competencias".
Hubo emisión de tres memorandos y otras varias comunicaciones, pero nada ocurrió. De hecho, en la respuesta de la Secretaría General del Concejo del 5 de abril del 2023 —López Aliaga ya había asumido— "no se aportó nada nuevo". Lo único que se hizo fue enviarle al acusado los documentos de control.
Para la Contraloría, el concejo metropolitano "no habría cumplido con comunicar" su advertencia. Es por eso que le pidió al fallido candidato presidencial "adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias".
Petición a quien mantiene una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por S/35.533,649. Foto: captura de pantalla/Contraloría
