Este 26 de abril se publicó el informe de la organización internacional Human Rights Watch que realizó un balance del Estado peruano en materia de democracia. Los resultados, además de ser preocupantes, reafirman la falta de atención del Gobierno de Boluarte ante los casos de abusos contra los derechos humanos, entre ellos, el caso Inti y Bryan, al que recordaron precisando que "no se han rendido cuentas" por los asesinatos de los dos jóvenes y que, en cambio, se han presentado informes cuestionables y "profundamente defectuosos", como el del congresista Alejandro Cavero, en el que archiva las denuncias constitucionales contra Manuel Merino.
"Al día de hoy, nadie ha rendido cuentas por los abusos de 2020", precisa el documento que pone en la mira la falta de responsables por los asesinatos en protestas, en los que el caso de Inti Sotelo y Bryan Pintado funge como antecedente a los 49 muertos durante las marchas contra Dina Boluarte.
Informe de Cavero fue cuestionado desde el inicio. Aun así, el Congreso lo aprobó. Foto:captura informe Human Rights Watch
"En junio del 2022, una Subcomisión del Congreso aprobó un informe profundamente defectuoso, redactado por un congresista, que ignoraba las pruebas de los abusos cometidos contra los manifestantes", precisa el documento, revelado este miércoles 26 de abril, en el que también se pone de manifiesto la ausencia de objetividad del informe de Cavero.
"También se rechazaba la petición de la fiscal de la Nación", quien en esa época era Zoraida Ávalos, "de enjuiciar al expresidente Merino, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior al momento de los hechos", precisa la acotación realizada por el organismo internacional velador de derechos Humanos.
El documento también explica que "tampoco se han exigido responsabilidades penales" por el caso, teniendo como base que en el Perú "el Congreso tiene que aprobar la apertura de procesos penales contra expresidentes y otros altos cargos por acciones llevadas durante su mandato", por lo que las investigaciones contra Manuel Merino de Lama; su primer ministro, Ántero Flores Aráoz; y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, no han prosperado, a raíz del informe del congresista liberal.
Hasta la fecha, sólo existe una investigación abierta en contra de "agentes de policía de rango inferior por su responsabilidad en los abusos". Ante ello, la organización Human Rights Watch ha recomendado una reestructuración de la Policía Nacional del Perú, a fin de que las investigaciones en asuntos internos sean más transparentes, además de pedir al Congreso que no se busque debilitar el resto de sistemas en el Estado.