Otárola deja responsabilidad a FF. AA. y PNP por muertes en protestas: ¿cuál fue el papel de Boluarte?
De acuerdo a la declaración del primer ministro ante los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura, integrantes del Ejecutivo buscarían deslindar de presuntas responsabilidades y dejar que los jefes policiales y militares respondan por muertes de civiles.
La declaración que ofreció —y que se hizo de conocimiento público— el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura sobre las posibles responsabilidades de los integrantes del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte en las muertes de civiles producto del uso de armas de fuego por parte de personal militar y policial en el marco de la represión a los manifestantes dejó en claro que los altos funcionarios del Ejecutivo buscarían que sean los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes asuman las responsabilidades penales.
Durante los interrogatorios desarrollados el 23 de enero y 16 de febrero, ambos fiscales consultaron a Alberto Otárola si existió una orden expresa desde el Ejecutivo para el uso de armas de fuego reglamentarias durante la represión a las manifestaciones en Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca y Arequipa. Las investigaciones determinaron que varios civiles fueron asesinados por impactos de proyectiles de fusiles Galil y AKM, armamento utilizado por el Ejército y la PNP. Algunas de las víctimas recibieron los impactos por la espalda.
La respuesta de Otárola fue negar que Dina Boluarte o algún integrante de su Gabinete haya dado la orden de disparar proyectiles contra la población. De acuerdo a lo señalado por el jefe de la PCM, la jefa de Estado pidió expresamente que se respetaran las vidas de los manifestantes. Sin embargo, el funcionario no pudo asegurar que estas directivas de la presidenta consten en actas o documentos oficiales.
Por el contrario, la jefa de Estado en todo momento ha respaldado el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando que cumplen un rol impecable de control de la paz social en el país. Estos espaldarazos desde la cúpula del Ejecutivo hacia las fuerzas del orden fueron reiterativos a pesar de que ya se conocía que la represión policial había dejado decenas de víctimas mortales en las regiones socialmente más convulsas.
En tanto, Alberto Otárola señala que, a través de un mensaje, se trasladó la directiva de Dina Boluarte al general de división EP Manuel Gómez de la Torre: “Debo precisar que la presidenta Boluarte me reitera dicha indicación a través de un mensaje de WhatsApp, en la que señaló: Se reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecidos y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”. Al parecer, el primer ministro no habría podido mostrar este mensaje a los fiscales porque se habría borrado.
Ministro de Defensa apoya versión de Alberto Otárola
Por su parte, el ministro Jorge Chávez Cresta, titular del sector Defensa, apoyó la postura de Alberto Otárola de responsabilizar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el saldo de muertes y las acciones cometidas por el Ejército durante las protestas en contra de la gestión de Dina Boluarte.
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"El ministro de Defensa es el representante político de las Fuerzas Armadas y no interviene en la parte operacional, que lo hace mediante directivas y mediante planes de operaciones el Comando Conjunto y sus diversos componentes: los comandos operacionales y las unidades que lo integran. Digo esto porque el ministro de Defensa no actúa en el desarrollo de los planes de operaciones", aseveró.
Con este giro en la narrativa empleada desde el Ejecutivo, se buscaría que sean los jefes policiales y militares los que respondan en los fueros judiciales por las muertes. Con ello, los ministros se abstendrían de responder por presuntas responsabilidades penales y podrían también librase de eventuales responsabilidades políticas si el Congreso de la República sigue esquivando su rol de control político a través de citaciones e interpelaciones a los funcionarios de Boluarte respecto a los muertos en las protestas.