Ante las críticas, la Policía Nacional del Perú precisó a la ciudadanía que ningún efectivo participará en la movilización denominada “Marcha por la paz” debido a mandato de la Constitución. En ese sentido, la institución aseveró que es “promotora” de posturas que rechacen la violencia.
“En concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú no tiene opinión ni manifestación política alguna; pero es promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado emitido este lunes.
La entidad se refiere al artículo 34 de la carta magna, que establece que los policías en actividad están prohibidos de “participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro”.
“Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos; se ha dispuesto, que los miembros de la Policía Nacional del Perú, se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes 3 de enero”, apuntan.
“La PNP renueva su compromiso de garantizar el orden interno y la paz social en el territorio nacional promoviendo la cultura de paz con respeto a los derechos fundamentales y libertades constitucionales”, reza el texto.
En entrevista con La República, el constitucionalista Omar Cairo advirtió que la abierta convocatoria a movilizaciones “por la paz” por parte de la Policía, a través de sus canales institucionales, configura una infracción al artículo 34 de la carta magna.
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“Claramente, no se trata de una marcha por la paz, en sentido filosófico, sino de una manifestación en apoyo de una opción política. De subsistir la convocatoria, la responsabilidad política le correspondería al ministro del sector, y la responsabilidad jurídico constitucional a la presidenta”