Tribunal no demandará procesar a los comandos Chavín de Huántar.,Aclaración. Tribunal no demandará procesar a los comandos Chavín de Huántar, sino investigar cómo 'gallinazos' de Montesinos mataron a secuestradores al término del rescate de los rehenes, precisa abogada de Aprodeh Gloria Cano. Inés Flores y Rocío Maldonado. El Estado peruano deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por qué no cumplió con investigar las ejecuciones extrajudiciales que se dieron al término del operativo Chavín de Huántar, explicó Gloria Cano, abogada de Aprodeh, una de las instituciones demandantes. Por lo tanto, agregó Cano, si la Corte falla a favor de la denuncia, que formuló ante esa instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciará para que se investiguen esas ejecuciones y de ninguna manera por abrir proceso a los comandos Chavín de Huántar. "El Ministerio Público ha determinado que se dieron ejecuciones extrajudiciales en este caso, y hay un pedido de extradición que está todavía pendiente contra Alberto Fujimori por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales", añadió Cano. Cuando el caso se vio en el fuero común, la Corte suprema reconoció que hubo ejecuciones extrajudiciales, pero señaló que le corresponde investigarlos al tribunal militar. Sin embargo, dejó para el fuero civil la investigación de los presuntos autores del asesinato de "Tito", emerretista que fue visto con vida al término del rescate de los rehenes. En este proceso, que se ventila en el fuero civil desde el 2004, están incluidos Alberto Fujimori, Nicolás Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Zamudio (prófugo). Este caso está en juicio oral desde el 2007, se ha quebrado dos veces. A Huamán se le procesa porque era el nexo con Montesinos, a Zamudio porque a él le dieron cuenta que "Tito" estaba escapando por la puerta de atrás. En cuanto a Fujimori, Hermoza y a Montesinos se les enjuicia porque los tres se atribuyeron ser los artífices del operativo. LOS "GALLINAZOS" En réplica a quienes sostienen que se pide procesar a todos los comandos Chavín de Huántar, Cano aclaró que la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica, puede exigir al Estado peruano que culmine con el proceso que se ventila desde el 2004. Añadió además que se llevaría a procesar, de encontrarse responsabilidad, a los mandos militares que estaban investigados por haber permitido el ingreso de los denominados “gallinazos”, el equipo de inteligencia que ingresó a la residencia japonesa al término del operativo Chavín de Huántar. "Para que después del operativo ingresen determinadas personas que no tenían nada que ver con los comandos Chavín de Huántar, necesariamente tenía que haber sido aprobado por algunas de las personas que eran responsables de la planeación y de dar las órdenes en la casa del embajador ", subrayó Cano. Esta investigación es la que se truncó cuando el caso pasó al fuero militar. Más bien –comentó Cano– en el fuero militar se les abrió proceso a los comandos Chavín de Huántar, no obstante que nadie lo había pedido. "Nadie está cuestionando la calidad ni el operativo en sí, estamos señalando que dentro operativo hubo ejecuciones extrajudiciales", anotó. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rocío Silva Santistevan, advirtió que se está confundiendo a la población "porque no se va a encausar a los comandos que fueron héroes, sino a los que entraron camuflados y cuya misión era ejecutar a los rendidos". CIDH EN REVISIÓN Silva recomendó al gobierno que se sume al proceso de revisión de las competencias de la CIDH que se ya ha iniciado la propia Organización de Estados Americanos (OEA), en lugar de plantear nuevos cambios. Consideró que el Perú no debe hacer eco de planteamientos de revisión de la CIDH que han formulado los presidentes Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) y Dilma Rousseff (Brasil). En tanto, Cano alertó que el caso Chavín de Huántar puede ser el pretexto para debilitar el sistema interamericano ante nuevos temas que están en juego, como el caso Conga. El embajador Hugo De Zela, jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, confirmó a La República que desde hace seis meses un grupo especial de ese organismo estudió el funcionamiento de la CIDH y ha emitido un informe con propuestas específicas. Las principales conclusiones son sobre medidas cautelares, que son recomendaciones para prevenir violaciones a los derechos humanos en los 35 países miembros, promoción a los derechos humanos y la relación que hay entre la CIDH y la Corte Interamericana. De Zela, quien hasta hace dos meses presidía ese grupo de trabajo, anunció que el informe será debatido a fines de enero en el Consejo Permanente por los países miembros. MINISTRO OTÁROLA GARANTIZA DEFENSA DEL ESTADO A LOS COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR El ministro de Defensa, Alberto Otárola, se sumó a las voces del Ejecutivo que se han convertido en férreos defensores de los comandos Chavín de Huántar. Ayer Otárola garantizó que el Estado peruano realizará una "enérgica" defensa de los comandos ante la denuncia que ha entablado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las ejecuciones extrajudiciales que se han dado en el rescate de rehenes en la residencia japonesa en 1997. "Estamos orgullosos de la actuación de estos comandos", subrayó. Precisó que el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores están poniendo al mejor equipo de abogados. "Creo que el caso Perú lo puede ganar en la Corte IDH", sentenció. De otro lado, Otárola expresó su respaldo a la decisión del gobierno de solicitar a la Organización de Estados Americanos la revisión de las competencias de la CIDH. "La CIDH siempre ha tenido dos deformaciones. Es una mezcla de ONG con Fiscalía, que no contextualiza los procesos políticos de los países", expresó en entrevista a RPP. Según el ministro, "una cosa es juzgar a personas naturales y otra poner en el banquillo a Estados que en algún momento tienen situaciones excepcionales que requieren del uso de la fuerza, que ha sido lo que ha ocurrido con Chavín de Huántar". "El Perú hace bien en solicitar la reforma integral de la CIDH", dijo asegurando que el pedido viene de décadas atrás por varias naciones. CLAVES La Corte Interamericana de DDHH ha emitido sentencias en los casos de Barrios Altos y Saúl Cantoral, ambos con procesos abiertos en Perú. Ecuador, Venezuela y Brasil también piden revisar competencias de la CIDH . Ecuador está siendo vigilado por la CIDH. Brasil ha sido condenado por no permitir acceso a la información, y ha recibido dos medidas cautelares a favor de pueblos indígenas. EN CIFRAS 14 emerretistas ingresaron a la residencia japonesa el 17 de diciembre de 1996. 800 eran los invitados, entre políticos, diplomáticos y periodistas. 126 días permanecieron cautivas las 72 personas que quedaron de rehenes hasta el final.
