Desacato. Pese a orden de sala superior. Procesado autorizó que se revisen todos sus correos, pero el magistrado dice que tiene que proteger la intimidad de los destinatarios. César Romero. El juez Jorge Barreto Herrera insiste en no mostrar a la fiscalía todo el contenido del CPU de Rómulo León Alegría, desacatando así una resolución de la Tercera Sala Penal Especial anticorrupción sobre este tema. Además, fue el propio León Alegría quien autorizó a que se muestren todos sus correos. “No tengo nada que ocultar, si la fiscalía quiere ver todo, que lo vea”, afirmó León Alegría el jueves último. Sin embargo, para sorpresa de todos los implicados, el juez Barreto dijo que no se revisarían los correos porque tenía que proteger la intimidad de los destinatorios de esos mensajes, entre los que aparecen ministros de Estado y altos funcionarios públicos. Por eso, el juez se negó a mostrar a los participantes en la diligencia diversos correos que León Alegría remitió a la secretaria de la presidencia de la República, Mirtha Cunza, al ex premier Jorge del Castillo, entre otros ministros. Un representante de la fiscal Juana Meza, presente en la diligencia, apeló la decisión del juez y además, solicitó que se obtenga una copia espejo del CPU de León y se remita a la fiscal de la Nación. Barreto responderá el pedido de la fiscalía recién el próximo martes 11 de mayo. La defensa de León Alegria, a cargo del abogado Eduardo Roy Gates, ha mostrado su extrañeza por toda esta situación, pues teme que las apelaciones de la fiscalía alarguen el proceso indefinidamente. La defensa de León Alegría considera que hasta ahora no se han encontrado pruebas fehacientes de que su cliente haya tenido una actividad ilícita y espera que termine la revisión del CPU para volver a plantear la libertad de dicho personaje. Lo que la Sala le ordenó realizar La Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción dispuso que el juez Jorge Barreto muestre a la fiscalía todos los correos de Rómulo León y, en caso de no hacerlo, que levante un acta con una síntesis del contenido del e-mail y las razones legales por las que se considera que deben mantenerse en reserva. Además, se estableció que la fiscalía tiene derecho de ver todo ese material para determinar si no hay indicios de otros actos ilícitos. El tribunal dio plazo de 45 días al juez Barreto para reevaluar los correos, pero el magistrado se ha dedicado a realizar otras diligencias que favorecen a los procesados y sigue obstaculizando la labor del Ministerio Público para que se esclarezca todo.
