Entrevista/Juana Meza Peña. Entrevista exclusiva a la fiscal que investigó el caso de los ‘petroaudios’ junto al cuestionado juez Jorge Barreto. Ana Véliz. Terminó el plazo de investigación, ¿qué pasa ahora con el caso? El expediente ha sido remitido a mi despacho a fin de emitir un dictamen final en veinte días. Luego se devolverá al juez, quien emitirá un informe final y lo remitirá a la Sala Penal Especial. ¿Qué contendrá el informe? Allí se detallan las principales actuaciones llevadas a cabo: son las instructivas, testimoniales y demás diligencias especiales, las que no se pudieron realizar, los pronunciamientos emitidos por el juez, las apelaciones, las forma y el plazo en que se desarrolló toda la investigación judicial. ¿Durante estos días se puede seguir investigando? No se pueden realizar diligencias ni acopiar pruebas, menos aún resolver algún pedido referente a una medida de detención o arresto domiciliario porque la fase en la que se actúa es la de instrucción y esta finalizó el 20 de enero. El juez Jorge Barreto ha dicho que la fiscalía no cumplió con presentar los ‘petroaudios’ como prueba. ¿Qué pasó ahí? Los audios y videos fueron presentados oportunamente al juzgado como elemento probatorio desde el momento en que la fiscalía presentó la denuncia penal. El juez los aceptó y señaló fecha para que sean visualizados. Incluso pidió que se fundamente por qué debían escucharse. Luego, sale con que no se presentaron. Es una contramarcha, un sinsentido, que ahora no los acepte y diga que no se han presentado como prueba. ¿Por qué se dejó la escucha de los audios para el final? Pudo pedir que se hagan antes... La fiscalía remitió los audios al juzgado. El juez es el director de la investigación, a él le corresponde decidir en qué momento, por la naturaleza de la investigación, se realiza esta u otra diligencia. Los puso al final. ¿El doctor Barreto lo hizo a propósito entonces, para luego no escucharlos? No puedo decir eso. ¿Estos audios que no se escucharon durante la investigación se podrán utilizar como prueba en el juicio público? Efectivamente. Hasta tres días antes de la realización de las audiencia públicas, las partes pueden ofrecer medios probatorios, y allí se pueden presentar los audios. ¿Por qué el juez le impidió participar en la visualización de los correos del CPU de León Alegría? No existe una explicación para que el juez no haya permitido nuestra participación en la revisión de dicho CPU, por eso ese hecho se encuentra apelado a la Sala Superior Penal. La sala puede disponer que se vuelva a revisar el CPU con presencia del Ministerio Público. Cabe la posibilidad de encontrar información relevante para la investigación. ¿Puede haber información de otros hechos delictivos? ¿El juez encontró algo no relacionado con este caso? El juez revisó solo con el abogado, no ha comunicado a este despacho ningún hallazgo nuevo o indicio no relacionado con este caso. Ahora, en su resolución, comunicó que, al no ser fiscal, él no podía calificar un documento. Entonces, ¿puede haber información de interés para la fiscalía? No lo sé. Si la Sala le da razón en el tema del CPU, ¿qué pasará si ya concluyó la investigación? La Sala puede dar un nuevo plazo para que se realicen determinadas diligencias, como por ejemplo la visualización del CPU con la participación del fiscal, y para que se escuchen los audios. ¿Qué pericia tendrá valor, la de la Contraloría o la de los peritos nombrados por el juez? Los peritos dan una información de apoyo al juez, para que se entienda un determinado tema de mejor manera. La Contraloría es una institución especializada en estos temas de procedimiento de una licitación como la que se investiga en este proceso, su informe tiene más credibilidad. Los informes de la Contraloría tienen valor de prueba preconstituida, a diferencia del peritaje dispuesto por el juzgado. “Pese a los obstáculos, hay avances” ¿La investigación ha tenido algún resultado positivo? Ha habido avances, se ha cumplido con casi todas las diligencias dispuestas, unas 100 declaraciones. Hubo diligencias que por disposición del juez no se encaminaron correctamente, pero aun siendo eso un obstáculo, hay avances importantes. ¿Se confirma la responsabilidad de los procesados? Eso ya corresponde decir a la fiscal superior, pero puedo decir que se ha cumplido con los objetivos de la investigación. Las pruebas que se tienen confirman los hechos que se denunciaron. ¿Recibieron información de la investigación realizada por la jueza María Martínez a los ‘chuponeadores’? La fiscalía desconoce si la jueza Martínez ha informado al juez sobre hallazgos en los CPUs de Business Track. Usted ha trabajado mucho tiempo con el doctor Barreto. ¿Siempre es así? No quiero hacer una calificación subjetiva de su trabajo. Siempre hemos tenido desacuerdos, no podría decir si en este caso es peor. ¿Qué opina del pedido del Ejecutivo para sacar al juez Jorge Barreto de este caso? No procede. Afecta la independencia de los jueces y fiscales, y luego los procesados podrían alegar persecución política, que no es el caso.
