Cuestionable. Para favorecer al abogado Abanto Verástegui. En votación dividida se establece que fiscales solo tienen 4 meses máximo para investigar y que superado ese plazo todo se archiva. César Romero. Ayer fue el sistema anticorrupción, ahora le tocó el turno a la fiscalía contra el crimen organizado. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que torpedea la investigación a los Sánchez Paredes y todo aquel caso que en cuatro meses no tenga sentencia. El beneficiario directo de este último fallo del TC es el abogado aprista y directivo de Exploraciones Algamarca, José Humberto Abanto Verástegui. Sin embargo, puede ser invocada por los investigados en el caso Sánchez Paredes, y después por muchos otros: narcotraficantes, terroristas, violadores, asesinos, etc. Según el fallo del TC, Abanto Verástegui (incluido en el caso Sánchez Paredes) es investigado desde el 7 de febrero del 2008, por lo que, considera, la Fiscalía ya excedió el plazo legal razonable para mantenerlo bajo esta situación y debe archivarse todo. Al día de hoy la investigación a Abanto y los Sánchez Paredes tienen un año y 10 meses de trámite, pero teniendo en cuenta que el hábeas corpus se presentó el 11 de junio del 2008, para el TC el plazo razonable de investigación es cuatro meses. “Cuando la investigación preliminar del delito a cargo del Ministerio Público exceda el plazo razonable corresponde estimar la demanda (...) pues resulta irrazonable que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial”, dice el veredicto en su argumento 5. Luego en el punto siete se toma en cuenta que de acuerdo con el Nuevo Código Procesal Penal, el plazo de investigación es de cuatro meses más 60 días, pero esta norma aún no está vigente en Lima. El fallo de cuatro páginas fue suscrito, el 6 de noviembre último, por los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Alvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz, con la oposición de César Landa y Fernando Calle. Votación dividida Al revisar el expediente se nota que no fue fácil que salga la sentencia. Al inicio tuvo el apoyo de Mesía y Álvarez, Landa y Calle se opusieron, al considerar que la labor y los plazos del fiscal no afectaban ningúun derecho de Abanto. Fue el magistrado Eto Cruz el que dio el voto definitivo, aunque consiente de las consecuencias de este fallo, pidió precisar que solo servía para Abanto Verástegui, pero no le hicieron caso. Impunidad total Ahora la precisión de Eto Cruz solo sirve para los estudiosos del derecho, y se dejó el camino libre a la familia Sánchez Peredes para reclamar el mismo derecho, máxima si ahora ya tránscurrieron un año y 10 meses, y aun no se presenta el caso al Poder Judicial. Esta sentencia a favor de Abanto, que se suma a la dictada el 25 de noviembre a favor del militante fujimorista y general en retiro Walter Chacon Málaga, significa un boicot al sistema anticorrupción y la lucha contra el crimen organizado. En ambos sistemas hay investigaciones y procesos en trámite que superan largamento los cuatro meses, que ahora el TC pone como límite para que se defina la situación jurídica de una persona sospechosa de haber cometido un delito. Los jueces y fiscales esperan que las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público emitan un pronunciamiento sobre lo que consideran una grave y escandalosa intromisión en sus funciones, por evidente favor político. El compañero Abanto José Humberto Abanto Verástegui es investigado por la Segunda Fiscalía del Crimen Organizado, en su condición de represente legal y director de Compañía de Exploraciones Algamarca, una de las empresas del clan de los Sánchez Paredes, sospechoso de lavar dinero procedente del tráfico ilícito de drogas. Abanto Verástegui fue asesor de la bancada aprista en las Comisiones de Economía y Presupuesto del Congreso, cuando estos grupos de trabajo fueron presididos por Luis Alva Castro, a quien lo acompañó en el Ministerio del Interior. En la misma época, Carlos Mesía también laboraba en el Congreso. Fue abogado de Moisés Wolfenson en un habeas corpus presentado al Tribunal Constitucional, que permitió su excarcelación. Igualmente, abogado de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión Canal 2 de TV. El 23 de setiembre último, Abanto Verástegui firmó un contrato con FONAFE para representar en el Ministerio de Economía en las acciones legales que interpondrá para reclamar los aportes del FONAVI a las empresas eléctricas. Igualmente patrocina a otras entidades del Estado.
