Sin embargo, el gerente general del PJ dice que es un problema técnico normativo. Hugo Suero Ludeña plantea utilizar el software comprado para el caso Business Track y contratar expertos en informática forense. César Romero Calle. Por falta de presupuesto o desidia, el juez Jorge Barreto Herrera aún no puede revisar y visualizar el contenido del disco duro de la computadora de Rómulo León Alegría, en la investigación por el “faenón” de los contratos petroleros. Según la Corte Superior de Lima, la responsabilidad es de la Gerencia General del Poder Judicial, que no aprueba los fondos necesarios. Sin embargo, el gerente general del PJ, Hugo Suero Ludeña, tiene otra versión de los hechos. Para la Corte de Lima, el tema se soluciona aprobando el desembolso de los 70 mil soles que plantearon los peritos judiciales Rubén Ruesta Arroyo y Enrique Segundo Suárez para realizar esta tarea. Hugo Suero explicó a La República que no se trata de falta de presupuesto, sino de un impase técnico normativo que tiene fácil solución si se quisiera hacer. Informática forense “No sabía que el doctor Barreto tenía este problema. Ni él ni la presidencia de la Corte Superior de Lima me han hablado de falta de presupuesto. Esto es un tema técnico y normativo”, indicó Suero. “El reglamento de peritos judiciales –continuó– establece que el Poder Judicial no paga peritajes en el área penal. Aquí los peritajes son de parte interesada, por eso cuando nos hicieron la consulta les dijimos que la salida era contratar especialistas en informática forense”. El gerente general anotó que esto es lo que se está haciendo con la jueza María Martínez Gutiérrez, quien investiga el caso de Business Track. “El Poder Judicial ha comprado un software de informática forense que se puede utilizar en estos casos, voy a comunicarme con el doctor Barreto para ver qué pasa”, subrayó Suero. Mientras sucede esta falta de comunicación, el perito Segundo Suárez declinó participar en el caso de León Alegría. A fines de enero fue contratado como perito por la defensa de Carlos Tomasio, uno de los principales funcionarios de Business Track, acusados de chuponear a León Alegría. Más de Seis meses La investigación judicial a Rómulo León Alegaría comenzó el 22 de octubre del 2008, y desde entonces la fiscalía planteó e insiste periódicamente en revisar el CPU de la computadora de dicho personaje, algo que seis meses después aún no se realiza. El fiscal anticorrupción Óscar Zevallos advirtió que en dicho CPU hay unos dos mil e-mails de la correspondencia de León Alegría con importantes funcionarios del actual gobierno que podrían revelar otros casos de corrupción. Pero pese a esa importancia, las autoridades judiciales han puesto poco interés en esa diligencia, lo que ha favorecido a los principales implicados: Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber y Fortunato Canaán. Por ejemplo, la Tercera Sala Anticorrupción resolvió que en este caso no había asociación ilícita porque no hay prueba que demuestre que los cuatro o tres de ellos se asociaron expresamente para favorecer de la licitación de los cinco lotes petroleros. Esa prueba podría estar en uno de los correos de León que permanece sin revisar. El juez Jorge Barreto se ha pasado estos seis meses con el interrogatorio a los 15 implicados, en su mayoría funcionarios de Petroperú y Perupetro, pero sin mayores avances. Secreto Pendiente. También está pendiente recabar información del levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper con los presidentes de Perupetro y Petroperú y otros funcionarios del Estado. Igualmente, la revisión del contenido de las cajas de seguridad que León Alegría tenía en el Banco Continental.
