
El debate sobre PetroPerú en esta campaña de segunda vuelta se ha reducido a una sola pregunta: ¿se privatiza o no? Esa simplificación, advierten quienes mejor conocen la empresa por dentro, no solo es incorrecta. Es peligrosa. Porque, mientras la política debate en blanco y negro, PetroPerú está en cuidados intensivos, el auxilio prometido del Estado no llega y el plan de Proinversión para fragmentarla avanza sin precedente en América Latina y sin que ningún candidato haya explicado con seriedad qué hará al respecto.
El segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República reunió este lunes a tres especialistas que conocen PetroPerú desde dentro: Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, economista y uno de los analistas energéticos más influyentes del país. Los tres llegaron con datos. Y los datos no cuadran —aún— con ninguno de los dos extremos del debate político.
El argumento más usado para justificar la privatización de PetroPerú es que la refinería de Talara le ha costado una fortuna al Estado peruano. Narváez lo desmontó con cifras: "La financiación de la refinería de Talara no ha sido con dinero del Estado. 4,300 millones de dólares fueron financiados con recursos de terceros: bonos corporativos y préstamos sindicados. El Estado no le da un sol a PetroPerú. Cada sol que gasta lo genera la propia empresa."
¿Y los rescates financieros de los últimos años? "Son préstamos. El Estado presta dinero a PetroPerú y PetroPerú lo registra como pasivo, como obligación que en algún momento tiene que devolver. Es una práctica común en el mundo empresarial."
Campodónico añadió el dato que más debería incomodar a los arquitectos de la narrativa del fracaso: "Fitch, Standard & Poor's y Moody's han dicho consistentemente desde 2017 que una vez terminada la refinería el EBITDA va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales." Una empresa que puede generar 500 millones de dólares anuales no es una empresa quebrada. Es una empresa con deuda grande, mala historia reciente de gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó.
Campodónico fue también el más honesto sobre los errores propios: "No hay un solo sujeto responsable de lo que está pasando. Ha habido problemas tanto desde el punto de vista del Estado y la injerencia política, como también problemas propios de la empresa." Esa admisión, inusual en el debate público, es precisamente la base sobre la cual sostiene su posición: sin un diagnóstico honesto y completo de lo que ocurrió, cualquier plan de rescate o reestructuración parte de una narrativa incompleta.
Y detrás de esa narrativa incompleta hay una anomalía legal que nadie discute en campaña: una ley obliga a PetroPerú a vender combustibles en la Amazonía sin cobrar IGV, pero sí pagándolo al comprar. El crédito fiscal acumulado que la empresa no puede recuperar asciende a 4,172 millones de soles. En dólares: 1,405 millones. "¿Cómo me obligan a ganar dinero y al mismo tiempo me dicen vende sin IGV? Ningún privado va a aceptar eso", dijo Narváez.
El momento más revelador del foro fue la descripción del plan de Proinversión para fragmentar PetroPerú en unidades de negocio separadas: Talara por un lado, Conchán por otro, el oleoducto por otro, Iquitos por otro, la comercialización por otro. Cada unidad con su propio capital privado, su propia lógica de maximización de ganancias y sin una dirección común.
Campodónico fue categórico: "Eso no tiene precedente en América Latina ni creo que en el mundo con respecto a una organización petrolera. Rompe el esquema integrado. Si haces eso, el objetivo desde el principio es privatizarla sin decir que eso es lo que quieren hacer."
El problema adicional es el tiempo. "El plan de Proinversión prevé que los paquetes van a estar listos recién en diciembre." Es decir: el gobierno actual no alcanzará a ejecutarlo. Lo dejará listo para que el próximo gobierno lo herede como un hecho consumado, una decisión tomada sin debate parlamentario real, sin consenso político y sin que ningún candidato haya explicado si está de acuerdo o no.
Narváez lo resumió apelando a la experiencia comparada: "El 90% de los países del mundo tienen empresas petroleras integradas verticalmente. En el Perú se partió el negocio en tres partes para privatizar dos de ellas. Aún así, siendo una empresa dedicada exclusivamente a refinación y comercialización, PetroPerú sigue siendo rentable." Y puso sobre la mesa el dato que mejor explica por qué fragmentarla afectaría directamente al ciudadano: los grifos de PetroPerú cobran 14 soles el galón frente a los 22 de los privados. "PetroPerú juega un rol regulador del mercado. Si desaparece ese actor, ¿quién modera los precios?"
Ochoa cerró el argumento con la referencia que más debería pesar en el debate: "Ni el gobierno de Pinochet pensó en privatizar Codelco o ENAP. En Chile no se discute eso. Se discute cómo fortalecerlas." Y, desde su experiencia al frente de Perupetro, fue el más enfático sobre la crisis de exploración que subyace a todo el debate: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú, mientras Colombia perfora 80 por año. Sin exploración no hay reservas. Sin reservas no hay producción. Y sin producción, el país seguirá importando el 80% del combustible que consume cada día.
Más allá del debate de largo plazo —privatizar, reestructurar o refundar—, el foro expuso una urgencia que ningún titular ha recogido con suficiente claridad: PetroPerú necesita atención inmediata. No en julio. No cuando asuma el nuevo gobierno. Ahora.
El Estado anunció un auxilio financiero de 2,000 millones de dólares. Ese dinero, a la fecha del foro, no ha llegado. Y cada semana que pasa sin que llegue es una semana en que PetroPerú no puede comprar el crudo suficiente para cargar su refinería a plena capacidad, pierde participación de mercado —hoy en apenas 19 o 20% frente al 50% que tuvo en su mejor momento— y se aleja de la recuperación financiera que las calificadoras internacionales proyectan en entre 400 y 500 millones de dólares anuales.
Narváez describió la paradoja con precisión: "Ahora que los márgenes de refino son favorables —que es cuando AP de Chile y la refinería Cartagena de Colombia vuelan de utilidades— PetroPerú no tiene dinero para comprar el crudo y aprovechar ese margen. Aún así tiene ganancias. Pero podría tener muchas más."
La empresa está perdiendo su mejor ventana de recuperación financiera precisamente porque el auxilio prometido no se materializa. El diagnóstico de los tres panelistas fue unánime: el debate sobre el modelo de largo plazo es legítimo y necesario, pero no puede ser una excusa para paralizar las medidas de estabilización inmediata. "Tiene que haber un consenso de largo plazo", dijo Campodónico. "Como en Chile. El Plan Energía 2050 tiene bien definido el rol de ENAP, Ecopetrol, Petrobras, YPF. Acá no. Acá desde 1993 estamos en que dos años estoy a favor, dos años estoy en contra."
33 años de vaivenes. Un auxilio prometido que no llega. Una refinería de 60 años de vida útil operando por debajo de su capacidad. Y dos candidatos que tienen hasta el 7 de junio para explicar qué harán con la empresa petrolera más estratégica —y más mal entendida— del país.
El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.





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