ONPE: Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios tras irregularidades en la primera vuelta

La Contraloría General de la República determinó que 10 funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, cometieron graves faltas que impidieron que 55.261 electores de Lima Metropolitana pudieran votar en las elecciones del 12 de abril del 2026.

De acuerdo con el informe, los trabajadores alteraron las reglas del concurso para favorecer a una empresa de transportes y aprobaron pagos adicionales por más de 650.000 soles sin ninguna justificación técnica ni legal.

Favorecimiento a Galaga SAC

La Contraloría señaló que altos funcionarios de la ONPE beneficiaron de manera indebida a la empresa contratada para el traslado de los materiales electorales, por un valor total de S/ 6 368 332,75.

Los evaluadores de la ONPE, Lilia Flores Bancho y William García Velásquez cambiaron los requisitos para favorecer a un postor específico al restar los dos metros al largo exigido para los camiones, cuando se detectó que la empresa Hermes Transportes Blindados SA era la que tenía una mejor oferta.

Además, se detectó que remitieron información inexacta sobre la capacidad de carga de los vehículos para otorgarle un puntaje que no le correspondía.

“Se corrobora que el criterio aplicado de disminuir 2 metros al largo de la unidades vehiculares no estuvo previsto en ninguna parte de los términos de referencia u otro documento, evidenciando el acciones de los evaluadores al margen de las reglas definitivas e inalterables de las bases de selección y lineamientos de contratación”, se lee en el informe.

Gracias a dicha modificación, se rechazó a la opción más conveniente y se entregó el contrato a la empresa Galaga SAC, cuya oferta era más cara por S/ 168 148,19 en un inicio, y por S/ 469 404,09 en comparación con el postor que debió ganar legítimamente.

Además, la empresa ganadora no contaba con camiones propios: dio el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y solo un 8% de camiones propios.

El informe reveló, además, que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral y Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral “tenían conocimiento de qu se requerían cerca de 400 camiones”; sin embargo, en los Términos de Referencia (TDR) establecieron que el postor solo debía acreditar una flota de 40 vehículos de su propiedad.

Retrasos logísticos

Por falta de planificación, los equipos informáticos usados en las capacitaciones se entregaran tarde, lo que alteró el cronograma establecido de las elecciones.

Un día antes de la votación, los encargados reprogramaron las rutas de entrega para 553 locales e informaron que los camiones demorarían entre 3 y 4 horas en llegar cuando en realidad necesitaban por lo menos 8 horas de viaje.

Esta descoordinación provocó que el material llegara tarde a 3,605 mesas y causó que 187 mesas de votación en Lima Metropolitana no se pudieran instalar, lo que afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores.

Aprobación de pagos de más de 650 mil soles sin sustento

El informe indica, además, que altos mandos de las áreas de logística, administración y asesoría jurídica de la ONPE se aliaron para aprobar el pago de montos adicionales a la empresa de transportes por una suma de S/ 650 205,94.

Este desembolso de dinero se realizó "sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato", ya que el servicio de recogida de materiales ya se había ejecutado días antes.

Dentro de estos pagos extra, se aceptó sin ningún motivo un aumento en el precio del transporte de 5,441 equipos hacia el local de Lurín, pasando de cobrar S/ 0.60 por kilo a S/ 6.00 por kilo, lo que significó "un incremento de 900% respecto del contrato principal" para beneficio de la empresa privada.

Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha recomendado iniciar acciones inmediatas.

En primer lugar, ordenó al actual titular de la ONPE abrir los procesos correspondientes para sancionar administrativamente a los implicados.

Además, se ha solicitado formalmente a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones penales contra los 10 involucrados para que respondan ante la justicia y se ha enviado el informe a la Junta Nacional de Justicia para que tome las medidas correspondientes sobre el caso.

Contraloría advierte que errores logísticos podrían repetirse en la segunda vuelta

La Contraloría advirtió que los documentos elaborados para la contratación del transporte se hicieron “sin tomar en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación” que se necesitan para Lima y Callao.

Ante este escenario, la entidad de control señaló que podría generar retrasos en el despliegue del material electoral para la segunda vuelta.

"[Los términos de referencia] fueron realizados sin tomar en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación ejecutados durante el despliegue de material electoral (…) situación que podría generar demoras en los tiempos de transporte del despliegue del material electoral con la consiguiente afectación del derecho de sufragio durante la segunda elección presidencial 2026".