
El empresario maderero José Carlos Estrada Huayta (61), considerado autor intelectual del asesinato de 4 líderes indígenas, ocurrido en septiembre del 2014 en la localidad de Saweto, comunidad nativa Alto Tamaya (Ucayali), fue recluido en el penal de Pucallpa, donde cumplirá una condena de 28 años y tres meses de prisión por ese delito.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, a cargo del juez José Huamaní Taype, dispuso el internamiento en dicho establecimiento penitenciario.
La medida fue ejecutada tras su captura el 4 de mayo, fecha desde la cual se computa la pena privativa de libertad efectiva, que vencerá el 3 de agosto del 2054, conforme a la sentencia firme emitida en el proceso.
Durante el trayecto al reclusorio, el empresario juró ser inocente. “Me detienen por presión mediática, esto no se va a quedar así, malograron mi vida y esto no va a quedar impune, están cometiendo una injusticia muy grande conmigo, yo soy inocente, no maté a nadie, tampoco ordené cometer esos crímenes”, dijo.
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Fuentes policiales a cargo del caso dijeron a La República que la captura de José Estrada Huayta fue posible gracias a un ciudadano del distrito de Campo Verde, quien habría brindado información sobre su ubicación, lo que permitió a la Policía concretar la intervención.
Ahora falta capturar a otros tres madereros ilegales que serían cómplices de los asesinatos de los líderes indígenas de Saweto. Ellos son los hermanos Josimar Atachi Felix y Segundo Euclides Atachi Felix, además de Hugo Soria Flores. El Gobierno también ofrece una recompensa de S/50.000 por cada uno a quien dé información que ayude a la captura de estos requisitoriados.
Sobre Estrada Huayta pesaba una orden judicial de ubicación, captura e internamiento a nivel nacional, tras haber sido sentenciado a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad por el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, quienes habían denunciado actividades de tala ilegal.
Cabe precisar que el detenido presentaba una requisitoria vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, solicitada por la Sala Penal de Apelaciones de Pucallpa.
Su captura ocurrió a las 11.40 a. m. del lunes. “Estaba en una chacra del caserío Pampas Verdes, en el distrito de Campo Verde, a la altura del kilómetro 24 de la carretera Federico Basadre, cinco kilómetros hacia adentro y dos más a pie”, describió un agente que lo intervino.
El operativo, activado por información de un colaborador, fue ejecutado por miembros de la Comisaría de Campoverde y se cerró con la verificación en el sistema informático de la PNP, que confirmó su identidad y su condición de sentenciado.
Horas después, tras pasar por el Instituto de Medicina Legal y la Divincri, fue trasladado al Departamento de Apoyo a la Justicia (Depajus), en medio de restricciones de acceso y del habitual despliegue de cámaras a distancia.
El nombre que este miércoles reaparece jura su inocencia. Dice que no cometió el cuádruple crimen ocurrido el 1 de septiembre del 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la frontera con Brasil.
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Ese fue el desenlace de años de denuncias ignoradas. Desde al menos el 2008, y con mayor insistencia entre el 2013 y el 2014, Edwin Chota y los otros tres líderes advirtieron sobre la tala ilegal en su territorio.
Y mientras el Estado archivó su caso, los madereros siguieron avanzando hasta que los emboscaron y asesinaron. Las familias de quienes defendían el bosque frente a redes criminales que operan donde la ley llega tarde o simplemente no llega siguen clamando justicia.
Estrada Huayta dejó de ser un prófugo. Su captura ocurre más de una década después del crimen y años después de la sentencia, en un expediente que sigue incompleto: aún falta capturar a Hugo Soria Flores y a los hermanos Segundo y Josimar Félix Atachi.





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