Huir para vivir: Hay casi 60 defensores ambientales que están amenazados

No solo se enfrentan a asesinatos, amenazas, agresiones y criminalización, sino que terminan siendo desplazados de sus territorios. Esta es una problemática poco visible en la que todavía hay muchos vacíos de información. Es la otra tragedia a la que se enfrentan los defensores ambientales en nuestra amazonía.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus 9 organizaciones regionales de base, son casi 60 líderes ambientales que viven amenazados o están criminalizados.

“La base de datos ahora está en proceso de actualización y hay regiones que aún no nos envían sus informes”, admiten los dirigentes. La lista aumentaría considerablemente.

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Aseguran que solos en las regiones de Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martín hay 35 activistas amenazados por defender sus territorios o derechos indígenas. Ellos son víctimas de actos de intimidación u hostigamiento, e incluso reciben mensajes para causarles daño.

En tanto, en las regiones Junín, Pasco, Huánuco y Cusco hay otros 22 defensores que han sido criminalizados por ejercer o defender derechos fundamentales en general o derechos indígenas en particular. Ellos han sido son denunciados, investigados y/o procesados penalmente, bajo imputaciones sin fundamentos que implican el uso indebido del Derecho Penal.

Manuel Inuma Alvarado, hermano del asesinado líder kichwa Quinto Inuma, se mantiene fuerte pese a las amenazas que ha recibido por defender los bosques y la naturaleza. Él es el actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, San Martín.

El asesinato de Quinto ocurrió el 29 de noviembre del 2023. Tras el crimen, su esposa, Betty Mandruma, su hijo Kevin Inuma y otros familiares cercanos, tuvieron que abandonar la comunidad y hoy permanecen con custodia policial. Manuel Inuma dice que tuvieron que abandonar su hogar para salvaguardar sus vidas.

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También asegura que quienes quedaron en la comunidad están inseguros. Édgar Inuma Mandruma, presidente de las rondas comunales; Meister Inuma Pérez, viceapu; Clorimiro Díaz Olivares, fiscal de la comunidad; y Winston Tapullima, jefe de rondas, también han sido amenazados.

Los dirigentes señalan que los asesinatos no son la única forma de silenciar a los defensores ambientales.

Si bien este panorama ya es alarmante para los defensores ambientales, hay otra preocupación que viene tomando fuerza pero que aún no está bien documentada: el desplazamiento forzado.

Han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso. Este último es el caso de la familia de Quinto Inuma.

Hay pocos datos sobre desplazamiento forzado en defensores de derechos humanos y el asunto se vuelve más crítico si se quiere información específica sobre defensores ambientales. Esta falta de datos, y en muchos casos de ausencia total de información, hace que sea difícil establecer causas, relaciones y conclusiones de por qué y cómo ocurre este fenómeno.

¿Qué hace el Estado?

Frente a posibles ataques contra la vida e integridad del círculo familiar de las personas fallecidas, el Ministerio de Justicia coordina la intervención de la Policía Nacional y solicita, al Ministerio del Interior, el otorgamiento de garantías personales.

Asimismo, se coordina y traslada los casos reportados al Ministerio Público (Fiscalía de derechos Humanos e interculturalidad) a fin de que pueda realizar la investigación y los actos procesales correspondientes. Del mismo modo, se coordina, con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia la asistencia legal; y con el Ministerio de Salud la atención en salud mental en favor de los familiares.

Además, de corresponder, se apoya a los familiares para solicitar el otorgamiento de la asistencia económica de S/ 400.00 bimensuales, en favor de los/as menores de edad en situación de orfandad, conforme con lo establecido en la Ley N° 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentra en situación de orfandad.

Cabe señalar que, en determinados casos, el MINJUSDH ha solicitado y coordinado con organismos de cooperación internacional el apoyo económico para implementar medidas de protección y reubicación temporal.