Reabren caso de líder comunero asesinado cuando enfrentaba a empresa

En la madrugada del lunes 1 de abril del 2024, el dirigente de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima), Santiago Guardamino Gonzáles, fue asesinado por sicarios cuando regresaba a su casa en Carabayllo. Guardamino volvía de una reunión comunal en la que informó sobre los procesos judiciales contra la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales, a la que denunció por la compra fraudulenta de 10.000 hectáreas de la comunidad, donde luego instaló un relleno sanitario.

Santiago Guardamino había recibido amenazas de muerte por el conflicto con la compañía Industrias Argüelles, por lo que cuatro teléfonos suyos son clave para identificar a los responsables del homicidio. Sin embargo, el fiscal del caso, Renato Lavy Cora, archivó la investigación, pasó por alto el peritaje a los celulares y perdió así la oportunidad de esclarecer el crimen.

La familia del dirigente comunal apeló la decisión y logró que el fiscal provincial titular, Jesús Dávila Rojas, ordenara reabrir el caso y ampliar la investigación para cumplir no solo con el peritaje, sino también con otras diligencias de suma importancia que Renato Lavy Cora no tomó en cuenta.

'Se ha señalado la necesidad de realizar actos de investigación adicionales, especialmente aquellos vinculados a la pericia informática forense, a fin de acceder a información relacionada con comunicaciones, registros de llamadas, mensajes, geolocalización y demás datos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la eventual identificación de los autores del delito', señaló el fiscal Jesús Dávila en su mandato de reinicio del caso, el martes 28 de abril del 2024.

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En el momento en que fue ejecutado por sicarios, Santiago Guardamino había logrado avanzar en dos procesos judiciales. En el primero, consiguió la condena del expresidente de la comunidad Abel Mosquera Ortíz, quien fraguó documentos con la gerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, con la finalidad de adquirir el terreno sin autorización de la comunidad.

El segundo juicio consiste en un proceso contra el dueño de la empresa, Aniceto Argüelles Loayza, y su gerente, Karen Pasco Flores, por haber participado en la compra del predio por S/600.000 cuando su valor es de S/5.000.000. Argüelles incluso recibió una condena al aceptar que intentó sobornar a la jueza encargada del caso.

La posesión irregular del terreno permitió a Industrias Argüelles incrementar notablemente sus contratos con municipios limeños y chalacos, e incluso construir un relleno sanitario para la disposición de desperdicios.

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En 2016, año en que se hizo con el terreno de Quipán, Industrias Argüelles ganó la buena pro de tres contratos por S/76.400.000. En 2024, año en que Guardamino fue asesinado, la empresa consiguió otros cinco contratos, esta vez por S/222.000.000.

Los abogados de Industrias Argüelles niegan cualquier relación con el homicidio y rechazan el involucramiento del empresario Aniceto Argüelles Loayza. También han condenado el asesinato de Santiago Guardamino.

Este caso no ha recibido atención mediática, pese a que involucra a uno de los contratistas más importantes de los municipios limeños y chalacos, Industrias Argüelles, encargado del servicio de retiro y disposición de desperdicios: uno de los negocios más lucrativos de la limpieza pública urbana.

La gerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, ya recibió condena por facilitar la compraventa del terreno de Quipán con documentos fraguados.

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'¡Aléjate de la empresa Argüelles!'

• Los peritajes a los celulares de Santiago Guardamino permitirán establecer el origen de algunas llamadas amenazantes.
• La familia de la víctima aportó algunos audios, como los siguientes: 'Aléjate de la empresa Argüelles y de Abel (Cruz Mosquera Ortíz). No le molestes, ¡aléjate, compadrito! ¡No les estés molestando!'.
• 'Aló Santiago, Santiago Guardamino, ¿me escuchas? Escúchame papito, déjame tranquilo a mi empresa Argüelles, por favor ¿ya? Te estoy llamando de la universidad (penal) de Huacho. Ya tú sabes, tengo amistades en Huaral'.
• El fiscal Dávila dispuso que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia procediera con las diligencias.

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