CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "extrema preocupación" por el inicio de un proceso disciplinario contra el juez superior Oswaldo Ordóñez, luego de su participación en una audiencia pública sobre la ‘Situación de la independencia judicial en las Américas’, realizada el pasado 13 de noviembre de 2024. El magistrado intervino en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y advirtió sobre normas que, según sostuvo, debilitan la autonomía del sistema de justicia.

La CIDH también alertó que dicha participación habría sido incorporada dentro del procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), del cual depende la permanencia de Ordóñez en el cargo. Para el organismo interamericano, esto podría configurar una represalia institucional incompatible con los estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del sistema interamericano.

PUEDES VER: Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

"Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño, del que depende la ratificación de su cargo”, mencionan.

La Comisión refirió que el artículo 63 de su Reglamento obliga a los Estados a proteger a toda persona que aporte información o participe en audiencias públicas y prohíbe cualquier forma de juicio, sanción o represalia derivada de sus declaraciones. En ese sentido, advirtió que abrir un proceso disciplinario por esta intervención podría vulnerar principios como la independencia judicial y la libertad de expresión de los magistrados.

¿Qué dijo Oswaldo Ordóñez en la audiencia ante la CIDH?

La intervención de Ordóñez se produjo durante la audiencia 191 de la CIDH sobre la ‘Situación de la independencia judicial en las Américas’, que se desarrolló en Washington D.C. Fue considerado un hecho inusual porque, por primera vez, asociaciones de jueces participaron directamente en este tipo de foro.

Durante su exposición, el magistrado sostuvo que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Poder Ejecutivo, venía “desestabilizando el sistema de justicia”, lo que en consecuencia debilita al Poder Judicial y al Ministerio Público mediante leyes que limitan la autonomía de jueces y fiscales. También cuestionó normas relacionadas con colaboración eficaz, prescripción de delitos, allanamientos y responsabilidad penal de partidos políticos.

Tras esas declaraciones, el Poder Judicial emitió un comunicado para aclarar que la postura de Ordóñez no representaba una posición institucional, sino una intervención realizada a título de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una entidad privada.

PUEDES VER: ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Roberto Sánchez para la segunda vuelta: quedan 4.600 actas observadas

JUSDEM respalda al magistrado y cuestiona a la JNJ

A este escenario se sumó el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), que expresó su respaldo a Ordóñez y cuestionó el proceso de ratificación impulsado por la JNJ. La organización sostuvo que las evaluaciones de jueces deben desarrollarse bajo parámetros estrictamente técnicos y con respeto al debido proceso.

JUSDEM observó especialmente que durante la entrevista de ratificación se formularan preguntas sobre su participación en la audiencia ante la CIDH, pese a que ello, afirman, constituye una manifestación legítima del compromiso de los jueces con la protección de los derechos humanos y el diálogo jurídico internacional.

“Advertimos que, por el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y juezas no pierden el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, participación y diálogo con instancias internacionales. Cualquier restricción a estos derechos debe ser excepcional, objetiva y estrictamente necesaria, lo que no se verifica en el presente caso”, señalaron.

Asimismo, emplazaron al Estado cumplir con las exigencias establecidas por la CIDH y garantizar evaluaciones técnicas, imparciales y libres de cualquier elemento que pueda afectar la independencia judicial.