
La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar a José Jerí por el caso Chifagate, con 8 votos a favor y 2 en contra. El pedido busca que el grupo asuma funciones de comisión investigadora, lo que permitirá levantar el secreto bancario y tributario, además de citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento.
La decisión se tomó sin intervenciones de los congresistas. El pedido busca que el grupo asuma funciones de comisión investigadora, lo que permitirá levantar el secreto bancario y tributario, además de citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento. El acuerdo deberá ser ratificado por el Pleno cuando el Congreso regrese del receso parlamentario.
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El pedido se sustenta en el informe preliminar que advierte falta de transparencia en las reuniones no registradas en la agenda oficial del presidente. El documento también señala posibles gestiones de intereses no declaradas y contradicciones en las versiones ofrecidas por José Jerí tras la difusión del caso Chifagate.
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El informe que sustenta el pedido se centra en la reunión del 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja. Ese encuentro no fue consignado en la agenda oficial. Tampoco apareció en el registro de visitas del Estado. Para la comisión, la omisión vulnera normas sobre transparencia.
Otro punto clave es la visita del 6 de enero al establecimiento Market Capón, en el Centro de Lima. El local había sido clausurado horas antes por la municipalidad. Días después reabrió sus puertas. La explicación oficial indicó que el mandatario acudió a comprar productos importados. El grupo parlamentario considera que ese episodio requiere mayor esclarecimiento.
El caso también incluye reuniones en Palacio de Gobierno con empresarios de capital chino. Entre ellos figura Ji Wu Xiaodong, quien afronta una investigación fiscal por presunta organización criminal vinculada al tráfico ilegal de madera en Madre de Dios. Pese a contar con mandato de arresto domiciliario, ingresó a la sede del Ejecutivo. Para los legisladores, este dato resulta relevante.
Además, la comisión advierte posibles infracciones a la Ley de Gestión de Intereses y al Código de Ética de la Función Pública. Señala que cualquier reunión donde se aborden temas con impacto económico debe quedar registrada. El debate en el Congreso definirá si el grupo obtiene las facultades para continuar la investigación sobre José Jerí y el caso Chifagate.





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