Ciro Castillo regresa al Gobierno Regional del Callao y retoma su cargo

Regresa. Luego de que se anulara la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por el caso 'Los Socios del Callao', Ciro Castillo Rojo ha ingresado al Gobierno Regional del Callao buscando retomar sus labores. El representante chalaco ya había asistido el pasado 2 de febrero a las instalaciones del GORE Callao. No obstante, no se le dejó ingresar. Hoy, Castillo Rojo si ingresó a la sede provincial.

Luego de unas horas dentro de la sede del GORE, se oficializó que Castillo Rojo había asumido de vuelta el cargo de gobernador regional: "Quiero agradecer al Consejo Regional, (...) quienes han interpretado correctamente el cargo de la ley. Hubiera querido no tener que esperar tres días para volver a hacerme cargo del Gobierno Regional", indicó en conferencia de prensa ya instalado en su despacho dentro del GORE.

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En su ausencia, el cargo fue asumido por Edita Vargas, vicegobernadora del Callao, quien aseguró que dejará el cargo si así lo dispone el Consejo Regional; aunque advirtió que existían riesgos en el retorno de Ciro Castillo Rojo que podían comprometer las investigaciones en marcha por el caso 'Los Socios del Callao'. El gobernador del Callao ha respondido presentando una denuncia penal contra Vargas alegando una usurpación de funciones por parte de la vicegobernadora.

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"Yo esperaba que en la mañana estuviera la señora (Edita Vargas) esperándome. Por más que diga que no se estaba aferrando al cargo, si lo estaba haciendo", dijo Castillo Rojo sobre la vicegobernadora.

Ciro Castillo Rojo: ¿Cuál es su relación con el caso 'Los Socios del Callao'?

Ciro Castillo Rojo es investigado por la Fiscalía como presunto líder de la organización criminal denominada 'Los Socios del Callao', una red que habría operado al interior del Gobierno Regional y del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed). Según la tesis fiscal, esta agrupación habría direccionado 63 contrataciones públicas por un monto de más de S/ 1.4 millones, utilizando procedimientos irregulares para favorecer a proveedores específicos y eludir procesos de selección legalmente establecidos.

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En diciembre de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo que incluyó allanamientos en la vivienda de Castillo y en otros 26 inmuebles vinculados al caso, además de la detención preliminar de varios funcionarios y colaboradores implicados. Castillo no fue ubicado durante el operativo y, sobre él, pesaba una orden de detención preliminar de 15 días, aunque su defensa apeló estas medidas.

En enero de 2026, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo y otros implicados, al estimar la existencia de elementos suficientes por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado por las contrataciones direccionadas. Debido a esto, Castillo se mantuvo al margen de la gestión regional las últimas semanas.