
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, alertó que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Consejo de Ética de su institución por un supuesto "abocamiento indebido" por admitir a trámite una denuncia interpuesta contra la JNJ. Todo esto días después de que el CAL suspendiera a Patricia Benavides por seis meses, el último 26 de enero.
El hecho fue informado por medio de un comunicado del CAL, donde explican que todo inició cuando el Consejo de Ética recibió una denuncia de carácter ético interpuesta por una institución no gubernamental contra miembros de la JNJ por presuntos comportamientos antiéticos cometidos a título estrictamente personal.
Siguiendo el proceso, el Consejo emitió a trámite la denuncia y notificó a los denunciados para que ejercen su derecho a la defensa. Se trata de Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Pedro de la Puente Parodi, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval, quienes fueron individualmente comprendidos en el procedimiento ético.
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Resaltan que ello se realizó respetando el "procedimiento ético de naturaleza personal y no institucional".
Pese a ello, indica el comunicado, el Consejo fue denunciado por el procurador de la JNJ, quien estaría utilizando recursos y servicios del Estado para la defensa de personas denunciadas a título personal.
"La JNJ estaría utilizando recursos y servicios del Estado para la defensa de personas denunciadas a título personal [...] tal actuación configuraría el delito de peculado de uso, previsto en el artículo 388 del Código Penal, al emplearse indebidamente servicios públicos para fines particulares", alertó Canelo.
Sostuvo que el presunto delito, además, se estaría "cometiendo en situación de flagrancia y que la propia denuncia del procurador serviría como medio probatorio ante las denuncias penales por peculado, abuso de autoridad y otros ilícitos que presentará el Colegio de Abogados de Lima". Además, se elevará el caso a la Procuraduría General del Estado.
El decano del CAL también denunció que el juez Jorge Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional, sin ser parte del proceso haya otorgado cuatro medidas cautelares para separar a los miembros del Consejo de Ético y repuesto a personas que fueron apartadas por haber mentido al momento de postular a dicho órgano.
"Estas decisiones evidencian un patrón de interferencia y represalia institucional en medio de la sanción contra Patricia Benavides", advierte el comunicado.
Finalmente, Canelo reiteró que se mantendrán firmes en los procedimientos de transparencia y defensa de la ética que viene desarrollando. "El Colegio de Abogados de Lima no va a tolerar actos de venganza, persecución ni el uso de recursos públicos para encubrir responsabilidades personales", sentenció.
En diálogo con La República, Raúl Canelo, comunicó que evalúa denunciar al procurador de la JNJ por su accionar. "El procurador está aceptando hacer un trabajo con equipamiento del Estado para defender un tema personalísimo ético de estos señores, quienes también serían presuntos autores del delito de peculado", dijo.
Especificó que el CAL no puede poner una denuncia como institución porque estarían incurriendo en lo mismo. En su lugar, la denuncia corresponde a las víctimas (Consejo de Ética) o a cualquier ciudadano.
"Lo que se busca que el Consejo se retrotraiga de su decisión", alertó.
En cuanto al tema de Benavides, comentó que se ha presentado una medida cautelar para separar a los miembros del Consejo de Ética a fin de que entren otros integrantes que, anteriormente, habían sido retirados de su cargo por presuntas irregularidades.
Por otro lado, informó que el Ministerio Público admitió una denuncia contra la Junta Directiva del CAL por presunto crimen organizado.
"Se trata de una denuncia abusiva y absurda presentada por un personaje vinculado a un sector del APRA. Nos acusan de crimen organizado solo por repartir panetones a los colegiados, un hecho lícito que se realiza desde hace varios años. También, nos señalan por haber destituido a un director que, en nuestro concepto, habría ocasionado grave agravios al colegio. Además, por supuesto bullying a una funcionaria", explicó.
Por tanto, lamentó que la Fiscalía, en lugar de archivar dicha denuncia, la haya admitido a trámite.
"Hay una persecución que empezó desde que en el 2024 acudí a la Corte Interamericana de DD.HH y fui recibido por la presidenta de la Corte. Luego, me citaron a dos audiencias. Después de la primera audiencia, el entonces ministro Arana nos denunció. Este Gobierno y el anterior son básicamente lo mismo, así que la persecución siguió", indicó.
Sobre Paredes Salas señaló: "Este señor ya frustró una elección, en gestión anterior, respecto al representante del CAL ante el JNE. No sería raro que si hay un postulante que no les resulte a gusto, serian capaces de sacar medidas cautelares para frenar el porceso de nombramiento de un miembro del Jurado".





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