Casos emblemáticos que quedan para el 2026: Boluarte, Humala, Vizcarra, Castillo, Villarán, Keiko

El 2025 concluye con los expresidentes sentenciados, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala; la exmandataria Dina Boluarte, afrontando una serie de investigaciones; y la candidata presidencial Keiko Fujimori, bajo investigación por el caso Lavamoto. Sin embargo, aún no cuentan con un punto final: los condenados apelaron sus sentencias; mientras que Boluarte y Fujimori seguirán investigadas.

El primer caso es el de Humala, quien fue sentenciado en primera instancia en abril de este año a 15 años de prisión por el caso Lava Jato, tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos. El Poder Judicial determinó que quedó probado que el exjefe de Estado y la ex primera dama Nadine Heredia recibieron dinero ilícito tanto de la empresa constructora brasileña Odebrecht como del gobierno venezolano de Hugo Chávez, destinado a financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por un total de US$ 3 millones.

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El caso de la expareja presidencial marcó un precedente, al convertirse en los primeros en ser sentenciados por el financiamiento ilícito recibido en campañas electorales.

Tras la condena, la defensa legal de la expareja apeló la decisión, por lo que será la Sala Penal de Apelaciones la encargada de revisar el fallo de primera instancia. Si bien aún no se ha fijado una fecha exacta para la evaluación del recurso, se prevé que la audiencia se realice en el transcurso de 2026.

Sin embargo, el caso podría enfrentar un revés por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de octubre último que beneficia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el que declaró que los aportes ilegales recibidos antes de noviembre de 2016 no configuran el delito de lavado de activos, al no haber sido tipificados como tal en la legislación peruana vigente en ese periodo.

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En ese sentido, el TC ordenó el archivo de la investigación contra Fujimori Higuchi. Al respecto, Humala Tasso se pronunció y consideró que "será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso". En pocas palabras, el exmandatario exigió que se aplique la decisión del TC a su caso.

Al ser consultado por este tema, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó a este diario que el Ministerio Público "siempre ha sido enfático y ahora con respaldo judicial, que estos hechos siempre han sido delito y han terminado en sentencia como en el caso de Humala". Asimismo, aseguró que la Fiscalía defenderá en segunda instancia su acusación.

"Nosotros sabemos que la fuerza de la evidencia es lo que determina justamente la averiguación y el favorecimiento de la averiguación de la verdad", expresó.

Por otro lado, el expresidente también afrontará otra investigación. En noviembre, la Fiscalía formalizó la indagación en el marco del caso Madre Mía, en el que el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, en el contexto de crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos en 1992.

Pero no solo eso. En junio, el Ministerio Público presentó la acusación contra la expareja presidencial por el caso Gasoducto Sur Peruano. Por dicho caso, se solicitó una pena privativa de la libertad de 35 años para Humala y Heredia por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Investigación contra Keiko Fujimori

Como ya se mencionó, la lideresa es investigada por caso Cócteles. El Poder Judicial deberá decidir si archiva el caso o no tras la decisión del TC. En caso sea así, la Fiscalía podría apelar dicha decisión y viceversa con la defensa legal de Fujimori Higuchi.

No obstante, existe otra carpeta fiscal abierta contra ella. El Ministerio Público la investiga, junto a sus aspirantes a la vicepresidencia Miguel Torres Morales y Luis Galarreta, así como a la subsecretaria nacional y excongresista Karina Beteta, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Lavamoto.

De acuerdo con la tesis de la fiscal Manuela Villar, se habría reunido más de S/1.000.000 de origen presuntamente ilícito para financiar 1.384 tasas de impugnación contra los votos del expresidente Pedro Castillo durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Dichos fondos de dinero supuestamente fueron entregados "sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados", según el documento fiscal.

En la toma de declaraciones para recolectar pruebas a la investigación, diversos supuestos aportantes negaron haber contribuido al financiamiento de las tasas de impugnación por un total de S/38.500.

Por otro lado, ciudadanos que son registrados como contribuyentes no tendrían la capacidad económica para sustentar sus aportes. Existen casos por S/27.350.

En tanto, Fujimori Higuchi decidió guardar silencio al momento de su declaración en este caso.

Pedro Castillo

En el caso del expresidente Pedro Castillo es distinto. Se encuentra sentenciado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

En ese contexto, el exmandatario presentó una apelación para revertir su situación legal y salir en libertad. En 2026, se evaluará en la Sala Penal de Apelaciones su recurso que anule su sentencia.

Por otro lado, Castillo también afronta otra investigación por el caso Puente Tarata por los presuntos delitos contra la administración pública y tráfico de influencias. La indagación también involucra al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.

De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo y exfuncionarios de su gobierno presuntamente formarían parte de una organización criminal para otorgar contratos de obras públicas a través de un direccionamiento ilegal.

Caso Martín Vizcarra

Martín Vizcarra, expresidente sentenciado a 14 años de pena privativa de la libertad, por el delito de cohecho (soborno) en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El Poder Judicial determinó que fue probado que Vizcarra recibió S/2.3 millones en coimas para otorgar la buena pro de los proyectos antes mencionados a las constructoras Obrainsa e ICCGSA.

Tras ser condenado, el exmandatario presentó un recurso de apelación para revertir su situación legal y dejar el penal de Barbadillo. El sistema judicial admitió su apelación; sin embargo, no ha fijado una fecha para evaluar el recurso. De ser el caso, se analizaría la apelación en 2026.

En paralelo, por los mismos casos, el Ministerio Público investiga a Vizcarra por el presunto delito de colusión. Es decir, por haber supuestamente concertado con otras personas para defraudar al Estado para la adjudicación de las construcciones de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Por estos dos casos, la Fiscalía ha solicitado 10 años de cárcel para el exmandatario.

Por otro lado, el exjefe de Estado es investigado por el caso "Los Intocables de la Corrupción". De acuerdo con la tesis fiscal, Vizcarra habría integrado esta supuesta organización criminal con la finalidad de presuntamente haber colocado en puestos estratégicos como Provías y el MTC a funcionarios de ejecutar cobros de sobornos en licitaciones de los proyectos Samegua, Tintay y Pampas.

Susana Villarán

Actualmente, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán afronta un juicio oral por el presunto delito de lavado de activos, falsedad genérica, cohecho (soborno), colusión y asociación ilícita para delinquir en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht y OAS.

El Ministerio Público la acusa de haber recibido presuntos aportes ilícitos de las constructoras brasileñas por US$ 11 millones para sus campañas de la 'No' a la revocatoria (2013) y la reelección (2014) a cambio de las adjudicaciones de los proyectos viales Rutas de Lima y Línea Amarrilla.

En el proceso judicial se presentarán 378 testigos para rendir sus declaraciones ante el juzgado, incluidos excongresistas, cantantes, actores y el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Por este caso, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial imponer una pena privativa de la libertad de 29 años.

Las audiencias del juicio oral continuarán casi todo el 2026. Se estima que el proceso dure aproximadamente 3 años debido a que solo se realizan dos sesiones semanales.

Dina Boluarte

La vacada expresidenta Dina Boluarte continúa con una serie de investigaciones en su contra que aún se encuentra en fase preliminar y que, en 2026, podrían pasar a otra parte del proceso.

La Fiscalía la investiga por las más de 50 muertes en protestas durante el inicio de su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, sobre este caso, en la Comisión Permanente del Congreso, en septiembre de este año, se archivó la denuncia constitucional contra la exjefa de Estado.

Por otro lado, la expresidenta es investigada por caso Rolexgate por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público investiga que Boluarte habría recibido relojes del gobernador regional de Ayacucho después de que se emitieron decretos de urgencia y decretos supremos que supuestamente favorecieron a la región.

En tanto, se abrió otra carpeta fiscal contra Boluarte por los presuntos delitos de omisión de cargo y abandono de funciones por el caso Cirugías. La exmandataria se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2023, lo que la habría obligado a ausentarse más de 10 días de sus funciones.

Por este caso, la Corte Suprema rechazó el pedido de la Fiscalía sobre el impedimento de salida del país por 18 meses contra la exjefa de Estado.

En paralelo, también se rechazó otro pedido de impedimento de salida, pero por el caso Los Dinámicos del Centro por el presunto delito de lavado de activos.