
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, rechazó cualquier posibilidad de que el Ejecutivo ordene un operativo policial dentro de la embajada de México para detener a Betssy Chávez, quien permanece refugiada mientras se ejecuta una orden de captura nacional e internacional. Álvarez sostuvo que “el Perú es respetuoso del derecho internacional” y descartó un escenario que viole la inmunidad consular.
Álvarez también cuestionó la actuación del Estado mexicano al conceder protección diplomática a Betssy Chávez, pese a las investigaciones fiscales en curso. Señaló que el Perú evalúa medidas diplomáticas adicionales a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia donde ya se discute la interpretación del asilo en la región.
El premier remarcó que cualquier decisión sobre un eventual salvoconducto corresponde exclusivamente a la Cancillería. Afirmó que el Ejecutivo no dará facilidades mientras haya una orden de captura vigente y mientras México no responda a las comunicaciones oficiales enviadas por Torre Tagle.
Tras la orden de captura dictada por el Poder Judicial, la situación legal de la exjefa del Gabinete queda en manos de la coordinación entre la Policía Nacional, Interpol y el Ministerio Público. Sin embargo, mientras permanezca dentro de la embajada mexicana, su arresto no puede ejecutarse.
La Cancillería trabaja en un informe que sustente la denuncia ante la OEA por lo que considera una práctica reiterada de otorgamiento de asilos a figuras investigadas por corrupción en el Perú. Con ello, el Gobierno buscará que el organismo continental revise las condiciones y límites del asilo diplomático, un debate que podría tomar meses y requerirá apoyo de otros Estados miembros.
Mientras tanto, el Ministerio Público continuará sustentando los argumentos que llevaron al juez Checkley a dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez, involucrada en e fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La presión política también aumenta, especialmente desde sectores del Congreso que exigen acciones más contundentes del Ejecutivo frente a la decisión de México.

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