
Luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no repusiera a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pese a que el fallo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima así lo ordenaba, la todavía suspendida magistrada anunció que interpondrá acciones legales contra el organismo presidido por Gino Ríos. El anuncio se dio durante una conferencia de prensa realizada en el Colegio de Abogados de Lima. Espinoza, además de asegurar que presentará los recursos legales correspondientes para hacer cumplir la decisión del Poder Judicial, denunció el accionar de la JNJ y lo calificó de ilegal.
“Lo que vamos a compartir es una vulneración al Estado de derecho. (…) El día de ayer, la JNJ dio un paso más dentro del amplio espectro de irregularidades que viene cometiendo. Esto no puede pasar desapercibido por el Poder Judicial. Quiero dejar constancia pública de que la JNJ pretende consagrar su ilegalidad actuando como juez y parte, a pesar de nuestros pedidos de inhibición. Ellos saben muy bien que no son competentes para continuar con procesos disciplinarios en mi contra. Solo seis miembros de la JNJ han venido llevando adelante este procedimiento administrativo de manera ilegal. Han inhibido, también de forma irregular, al señor Francisco Távara Córdova”, expresó.
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La ex titular del Ministerio Público afirmó que estas acciones forman parte de un plan coordinado para destituirla de su cargo. Sostuvo que dicho plan involucra a actores tanto dentro de la JNJ como fuera de ella, y mencionó al Congreso de la República como una de las instituciones que, según dijo, también impulsa procesos en su contra sin fundamentos, calificándolas de "invenciones".
“Las (investigaciones) que están en el Congreso son invenciones, son simplemente represalias para buscar inhabilitarme y muy pronto, porque están corriendo con los casos. Están acelerando de una manera increíble que ojalá mantuvieran con otros casos que tienen desde el año pasado. (...) Me quieren destituir. Esto responde a un plan para lograr mi destitución. (…) En ese momento quisieron imponerme la orden, coaccionándome e intentando forzarme a asumir el cargo de fiscal de la Nación. Estamos yendo hacia una dictadura. Todo se está volviendo más grotesco, más abierto, descarado y sin vergüenza (…)”, manifestó.
Durante la conferencia, Luciano López, abogado de Espinoza, señaló que la decisión de la JNJ de no acatar lo dispuesto por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima es incoherente, debido a que el propio organismo es parte del proceso mencionado y, por tanto, no puede ser “juez y parte” al mismo tiempo. Este argumento, explicó, será el eje central de la acción legal que presentarán en defensa de Espinoza.
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“Hasta hoy no he sido notificado formalmente por la JNJ. Sin embargo, por un tema de urgencia ante el juez constitucional, nos daremos por enterados. Eso no debe impedir que denunciemos ante la opinión pública que, formalmente, no hemos recibido notificación alguna. (…) La orden del juez constitucional fue muy clara: suspender cualquier procedimiento disciplinario derivado del acto por el cual se obligó a la señora Espinoza a dejar su condición de fiscal de la Nación. Ninguna persona enjuiciada puede decirle a un juez qué cumple y qué no cumple. Eso es, en síntesis, lo que ha ocurrido aquí. Por ello, solicitaremos al juez constitucional que haga cumplir su mandato judicial”, detalló.
Además, López destacó que dentro de la jerarquía constitucional, lo resuelto por el Poder Judicial prevalece sobre lo dispuesto en la vía administrativa por la JNJ: “Hay una enorme y especial diferencia entre un mandato administrativo y una orden judicial. Son los mandatos judiciales, y no los administrativos, los que deben cumplirse por disposición de la ley”, puntualizó.

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