Dictan impedimento de salida del país para jefe policial por detención arbitraria de dirigente en protestas del 2023

En Apurímac, el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales logró que se dicte 12 meses de impedimento de salida del país para Diómedes Borda, jefe de la Unidad de Seguridad del Estado de Abancay. Esto, por el delito de abuso de autoridad en agravio de Milan Knezvich, dirigente del Comité de Lucha de Abancay y defensor de derechos humanos, a quien se le detuvo arbitrariamente, el 4 de enero del 2023, durante las movilizaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Según las investigaciones de la fiscal provincial, Elizabeth Quispe, el jefe policial tuvo conocimiento y permitió la detención arbitraria de la víctima cuando este realizaba una llamada por teléfono y llevaba un megáfono en la vía pública.

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En el momento de la intervención, además, cinco agentes habrían usado desproporcionadamente la fuerza para subir al dirigente de Abancay a un vehículo sin distintivos policiales. Posteriormente, según testimonio del agraviado, lo habrían agredido en el tobillo.

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Ante los hechos y los elementos de convicción presentados por el equipo fiscal, se consiguió también la imposición de comparecencia restringida para el policía Diómedes Borda, que involucra no ausentarse de su lugar de residencia, ni salir de ella sin previa autorización judicial, presentarse obligatoriamente a las autoridades cada vez que sea requerido; así como pasar por control biométrico mensualmente. Además de eso, debe justificar sus actividades y evitar comunicarse con sus coinvestigados y demás partes y peritos del caso.

Mediante estas acciones, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos del Ministerio Público ratifica su compromiso con el avance y establecimiento de responsabilidades penales, con el objetivo de garantizar justicia y reparación para las víctimas en el marco de las protestas realizadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

Se debe precisar que en esos dos meses se reportaron 49 fallecidos y 250 heridos en diversas regiones del Perú, tras la violenta represión policial del Gobierno de Dina Boluarte. Debido a ello, en mayo de este año, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por los presuntos delitos de lesiones graves. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso, en setiembre último, decidió archivar este caso.