
A través de un pronunciamiento, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia reafirmó que los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertados de reunión y de expresión, deben ser respetados por las autoridades, las cuales deben actuar con prudencia y proporcionalidad.
Esta posición se hizo conocida horas antes de la marcha que hoy 15 de octubre realizarán diversos colectivos sociales, entre ellos la Generación Z, debido a que rechazan la asunción a la presidencia de José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte.
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“La protesta, en cuanto derecho fundamental, debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos y su ejercicio, amén de ser pacífico, debe ser respetado por las autoridades, llamadas a actuar con prudencia y proporcionadamente, evitando en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos y conteniendo con eficacia a los que vulneran las reglas de una protesta sin violencia y respetuosa de los demás”, manifestó la Sala.
Este pronunciamiento es importante porque durante las últimas protestas de la Generación Z y de los transportistas en Lima ocurrieron diversos enfrentamientos en los que se reportaron decenas de manifestantes y periodistas heridos por ataques de perdigones de la PNP.
En ese sentido, la sala plena de la Corte Suprema señaló que la vocación de diálogo de las autoridades no debe perderse de vista, al igual que una posición alturada y respetuosa, sin disminuir sus planteamientos, por parte de los ciudadanos que alzan de su voz de protesta.
“En democracia siempre es posible lograr consensualmente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social y no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad”, sostuvo.
En otro momento, invocó a preservar los principios de separación de poderes y la colaboración entre estos; así como el respeto a la legalidad y el pluralismo político y social.
Dijo esto porque advirtió que el Perú atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana que ha desencadenado en un alarmante índice de homicidios que ha enlutado a su institución con el asesinato de dos jueces de paz en sus despachos.
“Está en riesgo la base fundamental de todo Estado si es que no sabemos o podemos dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma. No debemos renunciar a principios pétreos de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social”, precisó.

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