
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a Betty Chávez. Esto por el caso del intento de golpe de Estado de diciembre del 2022 durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se respaldó el expediente proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, será el Pleno del Parlamento el encargo de decidir el futuro de la ex primera ministra. En dicha votación los miembros de la Comisión Permanente estarán prohibidos de votar, de acuerdo con el reglamento de la institución.
De acuerdo con la denuncia constitucional N° 351 interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, la exministra habría infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política por supuestamente haber participado en las acciones previas y posteriores del intento de golpe de Estado.
En caso Hemiciclo apruebe la inhabilitación contra Chávez Chino, no podrá postular a las próximas Elecciones Generales 2026. El 16 de septiembre, su abogado Raúl Noblecilla informó que la excongresista se unió al partido político de Juntos por el Perú para retornar a la política.
Durante su intervención en la Comisión del Congreso, el letrado calificó como "absurda" la denuncia constitucional contra su patrocinada. "Que se sepa, hay un pueblo, hay 50 muertos, hay una historia es que está por escribirse y si hoy silencian a Betssy Chávez, el pueblo la pondrá en el lugar y pagarán su culpa todos los que han sostenido la dictadura", dijo.
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Denuncia constitucional contra Betssy Chávez
Paralelo a la decisión que tome el Congreso, Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión en el marco de las indagaciones del intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial una pena privativa de la libertad con 26 años de cárcel.
Actualmente, el proceso judicial contra la ex primera ministra de Pedro Castillo se encuentra en la etapa de juicio oral. Chávez Chino afronta el caso en libertad luego de que el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al concluir que estuvo 8 días detenida arbitrariamente sin contar con una orden judicial.
Sobre la exparlamentaria pesa una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 10 meses. Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial imponer mayores medidas restrictivas en su contra, como no acercarse a embajadas, comunicarse con políticos, presidentes o ministros extranjeros.
La solicitud de la Fiscalía se fundamenta en el artículo 287 del Código Procesal Penal, con el objetivo de evitar el riesgo de fuga o la obstrucción en la búsqueda de la verdad.
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, evaluará el requerimiento el próximo viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana. En la audiencia participarán la defensa legal de Chávez y el representante de la Fiscalía.

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