
La Corte Suprema evaluó el último 30 de julio la apelación presentada por la defensa legal de Patricia Benavides contra la resolución que la suspende temporalmente por 24 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema. En la sesión, la representante del Ministerio Público, la fiscal Alejandra Cárdenas, solicitó que se ratifique dicho plazo y, además, se amplié a 36 meses.
Los motivos de su pedido se deben a que, según sustentó, existe sospecha suficiente de reiteración delictiva, pues en caso Benavides asuma como fiscal de la Nación tendría el control de su propia investigación penal.
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"Estamos en el absurdo de que la parte es el juez. Porque si mañana la señora Benavides Vargas se reincorpora, porque le restablecen sus derechos, estamos en el escenario de que va a conducir su propia investigación o, en su defecto, va a designar al fiscal supremo que la va a investigar. ¿Dónde estamos, señor? Ese absurdo no lo podemos permitir", argumentó Cárdenas.
En respuesta, el abogado de Benavides Vargas, Humberto Abanto, exigió la anulación de la suspensión de 24 meses alegando que esta se dicto sin una evaluación coherente de las pruebas y la inclusión de testimonios contradictorios y hechos ajenos al requerimiento.
"La resolución apelada utiliza como sustento para la resolución de prisión preventiva contra un congresista el testimonio de un colaborador eficaz que contradice al otro colaborador eficaz. Y en vez de decir: esto es contradictorio, hay que tener cuidado, lo usa como sustento para decir: hay que ampliar la medida contra la señora Benavides", indicó.
Sobre esto, la fiscal Cárdenas explicó que si bien el Congreso votó contra el informe de admisibilidad de la denuncia, aún no se formaliza el archivo.
Además, mencionó que no existe un proceso activo sobre el cual imponer una medida cautelar, debido a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público.
En tanto, sobre el pedido de ampliación de plazo, la fiscal informó que esto se debe a que han incorporado nuevas carpetas fiscales vinculadas a presuntos actos de obstrucción e interferencia institucional. Abanto desestimo este requerimiento indicando que no se puede tomar en cuenta nuevos elementos que no estaban presentes en el requerimiento inicial. "Procesalmente eso es imposible", sentenció.

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