Congreso: investigarán a Delia Espinoza por 15 días tras denuncia de Santiváñez que plantea inhabilitarla por 10 años

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, será investigada tras la denuncia constitucional presentada en su contra por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. La acusación se basa en la supuesta divulgación de información confidencial relacionada con una investigación fiscal. La denuncia podría dar paso a que Espinoza sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el inicio del proceso con 19 votos a favor, dos en contra y una abstención. Para avanzar con el caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por María Acuña, dispone de un plazo de quince días hábiles para realizar las indagaciones correspondientes y designar a un congresista encargado de elaborar el informe final.

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De tal informe depende el rumbo que tomará este proceso de juicio político. Acuña tiene la posibilidad de nombrar a un congresista afín que ya haya manifestado una postura respecto a la fiscal Espinoza. Durante esas dos semanas se llevará a cabo una audiencia, seguida por el debate del informe final. Si este es aprobado, será remitido a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno.

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La denuncia sostiene que, mientras Santiváñez se desempeñaba como ministro del Interior, se habrían vulnerado derechos fundamentales, como el de la intimidad personal. El exministro afirma que la fiscal Espinoza ordenó el acceso a sus dispositivos electrónicos y claves privadas. Aunque su abogado entregó un iPhone desbloqueado sin información relevante, la Fiscalía también solicitó el acceso a su cuenta de iCloud y el chip del celular.

Congreso había admitido denuncia de Santiváñez contra Delia Espinoza

Anteriormente, la SAC ya había aprobado dar trámite a esta denuncia, sustentada en un presunto abuso de autoridad, con 15 votos a favor. La acusación incluye un pedido de inhabilitación por diez años contra Espinoza, respaldado por legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otras agrupaciones.

El dictamen de la Subcomisión, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, concluyó que el expediente cumple con los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89 del reglamento del Congreso. La denuncia fue presentada el 17 de febrero, luego de que se difundieran detalles de una investigación fiscal que involucra a Santiváñez por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad. En el documento enviado al Parlamento, se solicita declarar la responsabilidad de la fiscal por infracción constitucional y proceder con su inhabilitación del servicio público.

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Uno de los aspectos más cuestionados por Santiváñez es la divulgación de la providencia N.º 70, que, según afirma, debió mantenerse en reserva. A su juicio, esta publicación evidenciaría no solo un desconocimiento jurídico por parte de Espinoza, sino también un intento de manipular información confidencial con fines mediáticos. En declaraciones públicas, ha señalado que su denuncia constituye el ejercicio legítimo de sus derechos ciudadanos.

En respuesta, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció el 20 de febrero. Aclaró que el proceso en su contra forma parte de los mecanismos institucionales vigentes y que Santiváñez, como cualquier ciudadano, tiene derecho a presentar las acciones legales que considere necesarias. Espinoza añadió que los fiscales están habituados a este tipo de denuncias por parte de personas investigadas, ya que suelen ser una reacción frente a la presión que implica afrontar un proceso penal.