
El aumento de los asesinatos y las extorsiones a conductores ocasionaron que el 10 de abril se produzca un paro de transporte en Lima y Callao con la finalidad de exigir a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo que tomen acción para combatir el crimen organizado. Ese mismo día, la presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje asegurando que solo su Gabinete de Ministros estaría trabajando contra la criminalidad, por lo que criticó las acciones del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En forma de respuesta, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, ha emitido un pronunciamiento dando a conocer la aprobación de diez proyectos de ley orientados a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) y enfrentar la crisis de inseguridad. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la reciente aprobación de modificación a la ley de extinción de dominio, que ha sido criticado por el Ministerio Público, pues estaría excluyendo delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado.
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Durante su discurso, el titular del Legislativo también invocó a los demás poderes del Estado a "superar diferencias, evitar enfrentamientos inútiles y trabajar unidos para derrotar a la delincuencia".
Salhuana anunció que se ha puesto en marcha un paquete de medidas que, si bien apunta a reforzar la seguridad ciudadana, deja abiertas varias interrogantes sobre su implementación y real efectividad. Entre las acciones más destacadas está la autorización para destinar presupuesto al equipamiento de la Policía Nacional, incluyendo patrulleros, armas y nuevas comisarías. Asimismo, se permitirá el uso de fondos del canon regional para financiar proyectos vinculados a la seguridad.
Uno de los cambios más llamativos es la habilitación de denuncias virtuales para delitos contra el patrimonio, una alternativa que podría aliviar la carga en las comisarías, aunque aún se desconoce si la infraestructura digital del Estado está preparada para sostener este tipo de servicio de forma eficiente.
En materia legal, se endurecieron las penas para quienes utilicen a menores de edad en actos delictivos y para los autores de extorsiones mediante llamadas telefónicas.
Finalmente, se autorizó a los serenazgos municipales a portar armas de letalidad reducida (pistolas de electrochoque), con la finalidad de reforzar la seguridad en las calles.
Con 42 votos a favor, el Pleno del Congreso logró aprobar la modificación a la ley de extinción de dominio. Esta decisión se da a pesar que la Fiscalía advirtió que esta norma obligaría a archivar casos emblemáticos que involucran a políticos investigados por corrupción como Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra y PPK.
La modificación exige una sentencia penal firme como requisito para la incautación de bienes y eliminar la obligación del investigado de demostrar la legalidad de sus bienes al iniciarse una investigación fiscal. Esto, según la Fiscalía, facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita.

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