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Política

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra once congresistas por doble remuneración en Perú

Entre los beneficiados se encuentran los congresistas José Williams Zapata, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo AzurÍn, quienes impulsaron un proyecto cuando integraban la Comisión de Defensa periodo 2021-2022.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra once congresistas
Los once congresistas fueron denunciados por el presunto delito de negociación incompatible. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.

Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, presentó este, martes 22 de enero, una denuncia constitucional contra los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez, por los presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

De acuerdo a la información que recogió este medio, los congresistas tuvieron injerencia de forma indebida en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, el cual permitió que los congresistas José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo AzurÍn accedan a un doble sueldo y pensión de forma simultánea, mientras se desarrollan en el Congreso.

Esto, luego de que los congresistas fueran integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, durante el periodo 2021-2022.

"Pueden acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargo de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas", detalla el comunicado del Ministerio Público.

Congresistas responden ante denuncia constitucional

La respuesta no tardó y la congresista fujimorista Patricia Juárez (Fuerza Popular) anunció que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza debido a que, según ella, el artículo 93 de la Constitución respalda el actuar de los parlamentarios con respecto a emisión de votos con respeto a las leyes o decisiones del Congreso.

"Voy a trabajar con mi equipo en una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, porque consideramos que está infringiendo la Constitución Política del Perú. Creemos que, como mínimo, debería haber revisado el artículo 93 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de nuestro voto y las prerrogativas que tenemos para ejercerlo de manera adecuada y correspondiente", indicó Juárez.

Los congresistas fueron denunciados por el presunto delito de negociación incompatible. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.

En esa línea, el parlamentario Jorge Montoya también dijo que respaldará la medida que promueve su colega Juárez contra Espinoza tras la denuncia constitucional en su contra. Además, justificó el ingreso que recibe por las Fuerzas Armadas al señalar que aportó 41 años de servicio al fondo de pensiones, por lo que es un derecho que nadie le puede quitar.

"Están cometiendo un delito, que vamos a denunciar como corresponda", excusó Montoya.

José Cueto también es otro de los parlamentarios que cuestionaron al Ministerio Público al afirmar, sin ningún sustento, que hay "una campaña de persecución política y legal contra los militares y policías en situación de retiro en el Congreso".

“¿Cuál es la base de su denuncia? Que en la comisión de Defensa hemos aprobado un proyecto de ley que garantiza el derecho constitucional a la pensión y al trabajo que tiene todo peruano, incluyendo a pensionistas de la PNP y FF.AA. Este proyecto, que luego se convirtió en la Ley 31473, beneficia a cientos de miles de militares y policías en situación de retiro y también los de actividad", respondió.

Horas después, el Ministerio Público presentó una nueva denuncia constitucional contra Guido Bellido (Podemos Perú) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo).Bellido es acusado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, mientras que Sánchez es señalado por el presunto delito de negociación incompatible.

Según la investigación, Bellido habría utilizado su cargo para influir en la contratación de Daniel Abarca como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), liderado en ese entonces por Roberto Sánchez.

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