El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó a Dina Boluarte y al Poder Ejecutivo a que promulguen de forma urgente la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia. Esta autógrafa, que fue aprobada el pasado sábado, ha estado en Palacio de Gobierno desde el lunes 16 de diciembre.
En una reciente entrevista con RPP Noticias, Salhuana destacó la importancia de priorizar esta norma, considerando la premura y el error cometido en su redacción. "Ellos tienen un plazo de 15 días, pero evidentemente ante la premura, ante la urgencia y lo evidente del error en el cual se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo tiene que promulgarlo de manera inmediata", manifestó.
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El presidente del Congreso también se refirió a la responsabilidad compartida en la aprobación de la norma, señalando que todos los miembros del Legislativo deben revisar exhaustivamente las propuestas antes de su aprobación. A pesar de la confusión, enfatizó que el objetivo principal era proteger a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el ejercicio de sus funciones.
"No me gustaría individualizar. Yo lo que creo es que somos 130 y todos tenemos la obligación y la responsabilidad, porque tenemos a miembros en cada comisión de revisar de manera exhaustiva en las comisiones y luego en el Pleno del Congreso. Lamentablemente, nadie se percató del tema, porque lo central del asunto era proteger a la PNP", refirió.
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El presidente del Congreso también defendió las acciones del Legislativo en la promoción de normas que refuercen la capacidad operativa de la PNP. Aseguró que se han aprobado cerca de nueve leyes relacionadas con la seguridad ciudadana, incluyendo el incremento de penas por delitos como la extorsión.
En la mañana del martes 17 de diciembre, personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en la residencia de Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte. Desde las 4:30 a.m., su hogar, situado en el distrito de Pueblo Libre, ha estado siendo registrado como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Qali Warma. No ha sido posible su detención debido a la Ley 32181, que elimina la posibilidad de detención preliminar en casos que no son de flagrancia.
Gracias a esta legislación, el juez no pudo aceptar la solicitud del fiscal encargado del caso para una detención preliminar de 10 días, según información de RPP. El magistrado no pudo autorizar la detención del jefe del gabinete técnico de la presidencia.
"No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.", fue el inciso del artículo 261 que se derogó con la ley 32181.