El Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, debido a los presuntos aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su reelección municipal en 2014. La investigación abarca posibles delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a través del magistrado Jorge Chávez Tamariz, se decidió remitir el caso al Juzgado Penal Colegiado Nacional, junto con la acusación y los documentos anexos en el plazo estipulado por la ley. Posteriormente, se realizará un sorteo aleatorio para determinar cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará de llevar a cabo el juicio oral.
Esta resolución judicial también recae sobre 20 personas naturales y 10 jurídicas, entre las cuales están las empresas Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
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Según la tesis presentada por el Ministerio Público, se presume que la exalcaldesa habría recibido un monto total de 11.2 millones de dólares para financiar su campaña en favor del "No a la revocatoria". Este dinero habría sido destinado a cubrir los gastos relacionados con su futura candidatura para la reelección en la alcaldía de Lima, por lo que solicita 29 años de prisión.
Se alega que estos hechos involucraron posibles actos de colusión entre exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, los cuales habrían tenido lugar entre 2010 y 2015. Los fondos entregados habrían sido destinados a financiar los gastos de la campaña del "No a la revocatoria" de Villarán y, posteriormente, la campaña para su reelección en el cargo.
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, en coordinación con la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio, llevó a cabo la incautación de una oficina y un estacionamiento doble en la urbanización Chacarilla del Estanque, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Esta medida forma parte del proceso de extinción de dominio en el marco de una investigación vinculada a Susana Villarán y las empresas brasileñas OAS y Odebrecht.
Los inmuebles en cuestión fueron adquiridos por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., propiedad de César Simón Meiggs Rojas, y habrían sido utilizados para canalizar activos de origen ilícito. Estas propiedades, con un valor de S/907.984, estarían registradas a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo y se sospecha que representan el producto de actividades ilegales relacionadas con delitos contra la administración pública.
Según los resultados de una investigación patrimonial, se determinó que estos activos fueron adquiridos con fondos obtenidos ilícitamente, en el contexto de un acuerdo ilegal entre Susana Villarán, quien ocupó el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 2011 y 2014, y las empresas OAS y Odebrecht. Este acuerdo habría tenido como propósito favorecer a Villarán en las elecciones municipales y regionales de 2014.