El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha anunciado que notificará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una serie de presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta alerta se realizará el próximo 15 de noviembre durante una audiencia organizada por la CIDH en el marco de su "191 período de sesiones". El objetivo de esta intervención es denunciar la falta de transparencia e imparcialidad en el concurso para seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ.
“Está tan mal (el proceso) que esto no resiste un proceso de amparo o, al menos, no debería. Parte central de los cuestionamientos serán materia de conversación en la audiencia del 15 de noviembre que la Comisión Interamericana le ha dado a la sociedad civil para que hablen justamente del proceso de selección de la JNJ. Ayer la Comisión publicó el periodo de sesiones y Perú tiene dos. Una de ellas, que es el 15, se llama Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros pedimos esa audiencia en julio y felizmente nos la han dado”, comentó la abogada y coordinadora de Justicia Viva - IDL, Cruz Silva del Carpio, a La República.
Sesión en la que participará el Instituto de Defensa Legal. Foto: CIDH
La referida audiencia se desarrollará a las 11.00 a.m. y contará con la participación de IDL, el Estado peruano y la CIDH.
Esa fecha, IDL enumerará un gran número de irregularidades que habrían acompañado al proceso de selección desde que inició. Cruz Silva menciona especialmente la ausencia de transparencia, lo cual obstaculizó la participación ciudadana y la meritocracia.
"Desde el inicio no se ha compartido con la sociedad documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos son sustentados", declaró.
Asimismo, precisó sobre "la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia", lo cual "ha generado desconfianza en el proceso, en la idoneidad de los elegidos, sobre todo cuando muchos postulantes tienen serios cuestionamientos", anotó.
También, mencionó una investigación de Ojo Público que reveló la hoja de vida de quienes estuvieron a cargo de la prueba escrita. "Los encargados de la Comisión que tenían que monitorear el examen escrito eran recién egresados, uno no titulado y el notario a cargo de la cadena de custodia de la prueba escrita había sido contratado, en el 2021, por Fuerza Popular. Aquí ya se demuestra un conflicto de interés que no garantiza independencia e imparcialidad absoluta y que el concurso haya estado alejado de las esferas del poder político", manifestó.
Tal ausencia de transparencia, además se vio reflejada en las tachas presentadas, las cuales no fueron publicadas en la página web del proceso. "Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas", explicó.
Todo esto se derivaría de una carencia de transparencia desde un inicio, explica Silva Del Carpio, pues las bases ni el reglamento nunca fue pre publicado. "Al no haber realizado ello, hemos tenido un reglamento que, por ejemplo, no exige tesis para poder corroborar los méritos de los candidatos. Esto provocaría un supuesto como lo que pasó con Patricia Benavides, lo cual afecta directamente el principio de la meritocracia en el concurso", sustentó.
El impacto no queda ahí. Otro problema es que no se ha impedido el conflicto de intereses ni garantizado la independencia de los candidatos debido a que el reglamento no exige que los abogados litigantes presenten la lista de patrocinios que han tenido. "Se trata de un documento ético moral para prevenir los conflictos de interés, de acuerdo con el Colegio de Abogados del Perú. Sin embargo, como no hubo una pre publicación no se pudo saber que la Comisión que no se estaba considerando este requisito", anota.
Esto provocó que la tacha que IDL presentó contra Ríos Patio y Francisco Távara no sea considerada, pues la Comisión les indicó que las bases del concurso no exigen la presentación de la lista de patrocinados.
Relacionado a ello, los abogados litigantes no habrían sido calificados por los patrocinados que han tenido a lo largo de su carrera. "Los méritos del curriculum solamente se miden cuantitativamente y no cualitativamente. Para la Comisión, si tienes 30 años de ejercicio ya es suficiente, no importa si defendiste violadores, narcotraficantes, corruptos o si hiciste perder los derechos a tu patrocinado", indica Del Carpio.
Por último, según la letrada, la mayor irregularidad se habría dado al final del proceso: publicación del cuadro de méritos.
Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indica quiénes serían los miembros titulares y suplentes.
Del Carpio indica que, ya en este punto, se debe considerar dos pasos: cuadro de méritos y votación para el nombramiento. Este último punto requiere de una sesión en la que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. "Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina", sentencia.
"La publicación del cuadro de méritos y la votación para el nombramiento son dos cosas distintas. Así lo indica el artículo 96. No es que yo elijo a los siete titulares por el puntaje que sacaron en la sumatoria de las tres pruebas. No es así. Sospecho que han hecho todo en uno y no han publicitado la sesión de votación. En el comunicado debió decir "cuadro de méritos y resultados de la sesión de nombramiento", finalizó.