El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, rechazó el pedido de José Luna para archivar la investigación en su contra por organización criminal en el caso 'Los Gángsters de la Política', por la presunta inscripción irregular de Podemos Perú, a través de interferir en la elección del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, para lograr la inscripción de su partido político en el año 2018.
"Declarar infundada el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por la defensa técnica del investigado José León Luna Gálvez, por el delito de organización criminal previsto y sancionado en el artículo 317° del Código Penal.
José Luna Gálvez se amparó en la Ley 32108 que estableció nuevos criterios para establecer el delito de crimen organizado. Para la fiscalía, aun con dicha Ley, en el caso de Luna Gálvez si se cumplen los elementos constitutivos de una organización criminal. El líder de Podemos Perú también es investigado por los delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos.
Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió interpretar la Ley 31208 bajo los fundamentos de la Convención de Palermo, como lo realizó en el caso contra Waldemar Cerrón y Vladimir Cerrón por el caso 'Los Dinámicos del Centro' y del ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski para declarar inaplicable dicha reforma penal. El magistrado señala que la Constitución permite a los jueces utilizar los tratados internacionales de las cuales el Perú es parte, como la Convención de Palermo, para interpretar una ley confusa.
José Luna es fundador de Podemos Perú. Foto: composiciónLR/difusión
"Este Juzgado nacional ha tomado postura por la interpretación convencional en alusión a la Convención de Palermo para la materia tratada, esto al analizar la Ley N.° 32108, como ha sido analizado en casos anteriores; es decir, lo condiciona a las exigencias de la Constitución Política de combatir la delincuencia, la trata de personas y la violación de derechos humanos.
La Fiscalía acusa al congresista Luna Gálvez y a otras 16 personas de haber infiltrado el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con el propósito de controlar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que permitió la inscripción del partido político "Podemos por el Progreso del Perú", actualmente "Podemos Perú".
Se alega que el beneficio económico provendría de las actividades de dicho partido en el ámbito público, ya sea en el Congreso, el Poder Ejecutivo o en instituciones autónomas, un punto que el juez Chávez Tamariz consideró requiere mayor desarrollo jurisprudencial.
Además de Luna Gálvez, la investigación alcanza a su hijo José Luna Morales, al secretario de organización de Podemos Perú, Luis Navarrete Santillán, al operador político José Luis Cavassa Roncalla y al exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza. También están implicados el abogado Óscar Nieves Vela (exasesor legal de la presidenta Dina Boluarte), su hermano Nicanor, y exmiembros del CNM: Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez. Hace algunos días, el Poder Judicial confirmó la inclusión de la Universidad Telesup en esta investigación.
La Universidad Privada Telesup S.A.C. ha sido formalmente incluida en la investigación relacionada con su fundador, el congresista José Luna Gálvez, en el caso denominado "Gangsters de la Política". Esta decisión fue ratificada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que rechazó el recurso presentado por la universidad en contra de la resolución emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en marzo de 2024.
El tribunal confirmó la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, quien aceptó la solicitud de la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao para incluir a la Telesup como persona jurídica en la investigación. Este caso está vinculado a las supuestas irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.
La defensa de Telesup alegó que la resolución no tenía sustento y que no se habían considerado nuevos elementos de convicción que contradecían la tesis fiscal. No obstante, la sala superior respaldó la decisión del juez Chávez Tamariz, afirmando que existe una conexión evidente entre la universidad y los hechos investigados, descartando cualquier nulidad en el proceso.