Confirman inclusión de Universidad Privada Telesup en investigación contra José Luna por caso "Los Gangsters de la Política"
La Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el magistrado Chávez Támariz, que determinó la inclusión de la Universidad Privada Telesup en las investigaciones relacionadas con la presunta inscripción irregular del partido político Podemos Perú.
La Universidad Privada Telesup S.A.C. ha sido oficialmente incluida en la investigación que involucra a su fundador, el congresista José Luna Gálvez, en el caso conocido como "Gangsters de la Política", según reportó RPP. Esta incorporación fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la cual rechazó la apelación presentada por la universidad contra la decisión emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en marzo de 2024.
El tribunal ratificó la resolución emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien aprobó el pedido de la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao para incorporar a la Telesup como persona jurídica en la investigación. Esta decisión se relaciona con las presuntas irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La defensa legal de Telesup argumentó que la resolución carecía de fundamentos y que no había tomado en cuenta nuevos elementos de convicción que contradecían la hipótesis fiscal. Sin embargo, la sala superior respaldó la decisión del juez Chávez Tamariz, señalando que existe una clara vinculación entre la universidad y los hechos investigados, descartando cualquier nulidad en el proceso.
José Luna: ¿cómo operaba la Universidad Telesup, de acuerdo con la Fiscalía?
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la Universidad Telesup habría sido utilizada como un instrumento para facilitar las actividades de una presunta organización criminal liderada por José Luna Gálvez. Entre las acusaciones, se menciona que la universidad habría favorecido a miembros clave del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como Guido Águila, Sergio Noguera y Julio Gutiérrez Pebe, mediante pagos y nombramientos.
Telesup ha tenido irregularidades respecto a su licenciamiento. Foto: difusión
Se detectó que los depósitos en las cuentas a nombre de Juan Carlos Martín Gutiérrez Valdivia, hijo de Gutiérrez Pebe, se utilizaban para financiar las publicaciones de Guido Aguila, exmiembro del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Además, se designó a la esposa de Noguera como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mientras que un inmueble de la universidad fue registrado como su domicilio personal.
También, se alega que la casa de estudios financió publicaciones de Águila y designó a la esposa de Noguera como decana de la facultad de Derecho. Asimismo, un inmueble de la universidad habría sido utilizado como domicilio de los involucrados.
La Fiscalía sostiene que estos beneficios permitieron influir en la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, favoreciendo la inscripción del partido Podemos Perú. También se apunta a que se utilizaron fondos para el pago de los miembros de la presunta organización criminal.
La Universidad Privada Telesup S.A.C. ha sido designada como "tercero civilmente responsable" en el marco de la investigación preparatoria que involucra a José Luna Gálvez. Esta investigación está relacionada con los presuntos aportes ilegales recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S., que habrían sido destinados a financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, durante los procesos electorales de los años 2011 y 2014.
José Luna Gálvez solicitó archivar su caso con Ley 32108, a favor del crimen organizado
El congresista José Luna Gálvez, representante del partido Podemos Perú, solicitó al Poder Judicial, a través de su abogado Rommel Macedo, que se archivara la investigación por el delito de organización criminal en su contra. Esta solicitud, presentada en septiembre, se fundamenta en la ley 32108 aprobada por el Congreso. La petición fue elevada al juez Jorge Chávez Tamariz, quien anteriormente ha recurrido a la legislación estadounidense y a la Convención de Palermo en dos oportunidades para interpretar reformas penales en beneficio del Ministerio Público.
Tanto la Fiscalía como la procuraduría de lavado de activos se mostraron en desacuerdo con la postura de la defensa de Luna Gálvez, alegando que los hechos investigados son aplicables tanto bajo la antigua legislación como bajo la nueva ley de crimen organizado. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez informó que emitirá su fallo en los próximos días.
