Congreso y el nuevo golpe al equilibrio de poderes: busca blindar sus decisiones y aprobar procesos competenciales

En uno de más de sus intentos por quebrantar el equilibrio de poderes, el Congreso de la República espera la próxima semana ratificar en el Pleno lo aprobado —el último miércoles 18 de setiembre— por la Comisión de Constitución y Reglamento, grupo presidido por el fujimorista Fernando Rospigliosi, que modifica el Código Procesal Constitucional. De aprobarse, todas las decisiones del Parlamento serían finales, ya que las decisiones parlamentarias quedarían blindadas y asegurarían los procesos competenciales que tienen ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual tiene actualmente una composición a fin a sus intereses.

Estas modificaciones llegarían al Pleno la próxima semana (últimos días de setiembre o primeros de octubre). Según advirtió la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez —en declaraciones al medio periodístico ‘La Encerrona’— sería un intento más del Parlamento por seguir fortaleciendo su poder y eliminar los mecanismos de control actualmente establecidos.

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“Lamentablemente hemos venido viendo un proceso gradual en el que se han ido aprobando normas por las cuales el Congreso ha ido fortaleciendo su poder y restringiendo más bien sus capacidades de control con la anuencia de la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional”, declaró.

Según Fernando Rospigliosi, lo aprobado por la Comisión de Fiscalización busca “evitar qué jueces politizados y prevaricadores interfieran en las decisiones exclusivas del Congreso” y pone como ejemplo la restitución de Zoraida Ávalos (Fiscalía) y el caso de Inés Tello y Aldo Vásquez (JNJ), pese a que investigaciones pusieron en evidencia que las sanciones aplicadas por el Congreso a estos funcionarios tuvieron una motivación política de parte de algunos grupos de poder.

Tres modificaciones que preocupan

Según relató Beatriz Ramírez, el primer cambio responde al verdadero fin del fujimorismo y bancadas aliadas, el cual sería blindar las decisiones parlamentarias de algún posible control judicial, ya que no se podría plantear ningún proceso constitucional contra ninguna decisión del Parlamento de aprobarse los cambios al Código Procesal Constitucional.

Segundo, se cambian las reglas de los votos para aprobar los procesos competenciales, actualmente existen procedimientos de este tipo impulsados por el Congreso contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional por la restitución de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia. A poco de votarse, se bajaría la valla de cinco a cuatro votos.

Esto fue alertado por la parlamentaria Ruth Luque, integrante de la bancada Bloque Democrático Popular, quien denunció —a través de su cuenta de ‘X’— los atropellos a la Constitución que se vendrían cometiendo en la Comisión de Constitución: “Disminuyen votos requeridos en el TC para otorgar cautelares y decidir en procesos competenciales. Con ello, el Congreso busca favorecerse asimismo en los conflictos de competencia, teniendo un TC adepto a sus intereses, en desmedro de otros entes como el Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros”.

Tercero, se recortan el uso de los estándares internacionales para proteger los derechos. De aprobarse la norma en el Pleno, ya no se podría utilizar la jurisprudencia internacional que viene de litigios en otros países y solo usar casos en los que se demandó solo al Perú.

“Esto afecta particularmente a algunas esferas como la de la protección de la infancia, la libertad de expresión, la protección contra el feminicidio y los derechos contra los pueblos indígenas porque si revisamos los casos ante el sistema Interamericano, la mayor parte de casos litigados contra el Perú son casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y debido proceso. Significaría que solo en esos casos se podría expresamente usar los estándares de las sentencias”, explicó Ramírez.