María Caruajulca, procuradora general del Estado, evitó pronunciarse respecto a la reciente decisión de la Corte Suprema de Chile, quienes aprobaron un pedido de la Embajada del Perú para ampliar la extradición por los casos de esterilizaciones forzadas, ejecuciones realizadas por el grupo Colina y otras tres acusaciones más contra el expresidente Alberto Fujimori.
"Yo tengo que sujetarme a las normas legales de manera estricta, si yo contravengo una de ellas sería motivo para que me vean destituida y despedirme de ustedes", declaró Caruajulca a su salida de la audiencia reservada tras ser citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
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Pese a que la prensa insistió en preguntar por los avances en las investigaciones que desde la Procuraduría se pueden tener, ya sea en relación al tema del expresidente Martín Vizcarra o sobre el caso "Rolex" que involucra a la presidenta Dina Boluarte, María Caruajulca dijo "no poder opinar al respecto".
Por su parte, cuando Caruajulca fue consultada sobre la información que proporcionó la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Fiscalía de la Nación en el caso de compra de pruebas rápidas durante el gobierno de Martín Vizcarra, decidió trasladar la pregunta a la procuradora especializada en materia de corrupción de funcionarios, Yudith Villegas.
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"Estamos en el marco de una reserva de la investigación y, a pedido del despacho de la procuradora general y del mío, hemos elevado un informe que tiene varios elementos que consideramos determinantes y por los que se ha decidido solicitar el reexamen que está a cargo del Fiscal de la Nación", expresó Villegas.
Sin embargo, prefirió no dar detalles respecto a cuáles serían los elementos específicos que, en su momento, el Fiscal de la Nación omitió antes de archivar el caso. Con relación al tiempo que tomaría la reevaluación, manifestó: "Eso opera dentro del campo de la investigación, no podríamos nosotros también señalar al Fiscal que se pronuncie de alguna manera. Tiene su tiempo una evaluación, porque son varios documentos como se ha señalado”.
Este lunes, en un fallo de primera instancia, la magistrada de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz, ha aprobado la ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori por cinco casos adicionales de violaciones de derechos humanos, incluyendo las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante su mandato. Además, se le imputan cargos de secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometidos en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
"Se accede a las solicitudes de ampliación de extradición formuladas por la República del Perú , respecto del ciudadano peruano Alberto Fujimori Fujimori por su presunta responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos", se lee en el documento publicado que responde a un pedido de la Embajada del Perú.