Historiador José Ragas: "Sostengo que esta es una dictadura parlamentaria"

Tiene un libro reciente sobre Alberto Fujimori, centrado en los años noventa. Pero su influencia sobre la política peruana no se detiene. Recientemente se inscribió en Fuerza Popular y se especula sobre una eventual postulación. ¿Cómo se entiende que, casi un cuarto de siglo después de su salida del poder, no podamos cerrar ese capítulo? Es un personaje del pasado que busca ser instalado como sea en el presente.

Es la pregunta del millón. El libro es sobre el sistema que él desarrolló, el fujimorismo, que encarna y a la vez lo trasciende. Tiene que ver con esta dinastía que se está creando entre él y su hija. Es un sistema en sí mismo que, tanto en los noventa como en la actualidad, se basa en tres puntos: la defensa del mercado, la represión y la impunidad. Son elementos presentes que han estado en los últimos treinta años pero que con la revitalización del fujimorismo y la claudicación del Ejecutivo han cobrado más fuerza.

Queda claro que lo del indulto por razones humanitarias fue una farsa, avalada por el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Dina Boluarte que acató sin decir ni un “pero”. El mensaje de impunidad es lo más grave, ¿no?

Totalmente. Es una impunidad que es una ofensa a las víctimas de los noventa y que busca extenderse en el tiempo con las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Boluarte. No es algo netamente judicial, erosiona las bases del contrato social mismo. No se puede actuar así contra ciudadanos, sea eliminándolos -en un contexto de violencia política- o en protestas. La vuelta al poder del fujimorismo es una búsqueda por legitimar esa impunidad.

¿La división fujimorismo-antifujimorismo seguirá en el tiempo?

Veo más una división entre Lima-regiones, me parece. Este clivaje busca ser fortalecido a nivel de partidos tradicionales. Por ejemplo, querer relegar a los movimientos regionales es…

¿Discriminatorio?

Así es. Esto no solo pasa a nivel político. También a nivel cultural. Lo que está pasando con el proyecto de ley de cine es un ejemplo. Es como si se quisiera afianzar el poder de Lima. Es como pensar que atrincherándose en Lima -en todo el sentido de la palabra- a nivel político, cultural, judicial, se va a evitar que se repita un escenario como el de 2021. Es algo que busca esta coalición política de partidos limeños, como el PPC -que está volviendo-, el APRA, Renovación Popular, Avanza País. Entonces, yo creo que el clivaje será Lima-regiones. Y tal como está distribuido el país, veremos a un sector menos favorecido en las regiones contra la capital, contra esos partidos que representan a mafias, a sectores ilegales y al poder económico.

Las elecciones serán en dos años, dudo que antes. Tenemos 28 partidos inscritos, otros 18 en proceso de inscripción. Podemos llegar a cerca de 50. ¿Qué le dice eso de nuestro sistema político?

Me gustaría decir que es una situación anómala. No lo es. Representa la fragmentación de la política y, a su vez, un problema más grave: independientemente del número, hay una suerte de descomposición social, estructural, en el sentido de que no se pueden hacer alianzas, de que cada uno piensa que va a ser el salvador del país. La representación se está rompiendo. Es un divorcio entre una clase política y la gente a la que cada vez representa menos. Mire lo de la semana de representación en el Congreso. Hay excepciones, claro, pero son actividades proselitistas para ellos mismos.

Se toman algunas fotos y las suben a redes.

Tal cual. Hay una masa de gente que ya no se siente representada que no es anti–política sino apolítica. No sienten que haya organizaciones que los puedan representar. Incluso a nivel de organizaciones estudiantiles, sindicales, barriales. La Iglesia también ha pedido presencia. Y ese espacio ha sido llenado por aventureros que, con un discurso muy antisistema, pueden ganar elecciones.

Uno escucha a algunos políticos –“me ha llamado este, me ha llamado el otro”- y parece cuando los equipos de fútbol empiezan a armar sus equipos al inicio de una temporada.

Es que ese número tan alto de partidos no es beneficioso. También hay empresarios -Cillóniz, Añaños- que andan por ahí. Añaños se inscribió en Perú Moderno, que es moderno con estándares del inicio del siglo XX. Es una cosa que remite más a una república aristocrática. Estamos volviendo a los clubes electorales, en donde una persona se reunía en su casa con un grupo de gente y proclamaba su candidatura. Los partidos, se supone, debían agrupar a distintas tendencias con elementos en común. Dicho sea de paso, el fujimorismo nunca creó un partido en los noventa. Es curioso.

Era un movimiento sin partido.

Exactamente. Se dieron cuenta de que no necesitaban lo institucional. Ellos mismos habían horadado las instituciones y Fujimori era capaz de establecer un vínculo directo con la gente. Lo que tenemos ahora son muchos partidos –algunos tradicionales, que son una suerte de Jurassic Park– pero sin liderazgos. Es muy difícil armar movilizaciones, protestas. Me refiero a Lima, desde luego. En regiones hay un movimiento más fuerte. No hay líderes visibles. Y la gente tiene otras preocupaciones, como cubrir sus gastos.

Algunos han empezado a llamarle “década perdida” a lo que vino desde el 2016. ¿Lo suscribe?

Yo la he llamado así. Lo curioso es que esos años entre el 2000 y el 2016 fueron una especie de pequeña primavera democrática-económica. De haber sabido lo que vendría después, quizás la habríamos disfrutado más. Fue como un paréntesis dentro de estos segmentos autoritarios: los noventa y el actual, con la bancada de Keiko Fujimori.

Hemos vuelto a la normalidad, para decirlo de alguna manera.

Ese caos que tuvimos en el 2000 y el 2016 de alguna manera funcionó. Habría que ver no solo lo que hicimos mal en esos años, también lo que se hizo bien. No solo fue crecimiento económico. También defensa de la institucionalidad, la recomposición de un tejido social, castigo para quienes cometieron crímenes. Esos fueron los pilares de esa década y media que uno ve a la distancia con cierta pena.

¿Nostalgia?

Nostalgia.

Lo leí aclarando en sus redes sociales que el Congreso no es el primer poder del Estado. Por cierto, la Constitución habla de un equilibrio de poderes. ¿Por qué considera que el Legislativo se empeña en llamarse así?

Los congresistas tienen una imaginación muy grande. Es la forma más políticamente correcta de decirlo. Quizás piensan que son el primer poder del Estado porque tienen la capacidad de representar a la gente, pero el sistema peruano es de pesos y contrapesos.

En teoría.

En teoría, claro. Hasta hace un tiempo lo era. No tiene ni pies ni cabeza lo del primer poder del Estado. Es una fórmula que ellos usan para justificar las barrabasadas, las injusticias y el saqueo que están haciendo del tesoro público. Como historiador, no hay ninguna justificación para que el Congreso diga que es el primer poder del Estado y que eso le dé más derecho que los demás poderes o a ponerse por encima de cualquier institución.

¿Estamos frente a una dictadura parlamentaria?

Sí. Algunas personas creen que eso es algo más “caviar”. Pero sí: sostengo que esta es una dictadura parlamentaria. El Ejecutivo no ofrece ningún tipo de resistencia. Y en paralelo el Congreso ha hecho una serie de cambios constitucionales, presupuestales, y ha desmantelado instituciones. Cuando hay una concentración de poder en una institución que termina sobreponiéndose y cooptando otras, considero que eso es una dictadura. Porque además no hay elementos de control sobre ese poder del Estado.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habló con romanticismo de la época del caucho. Pidió rescatar lo “bueno”. ¿Qué piensa un historiador cuando escucha a una autoridad decir cosas así?

Es espeluznante. Y de nuevo, es el término más diplomático que puedo usar. El alcalde no se caracteriza por comentarios brillantes, aunque se le debería pedir lo mínimo. Revela dos cosas: crueldad de su parte y que hay un discurso que se ha naturalizado. Mucha gente piensa así. La del caucho es una época en la que la exportación de un producto desde una región en ese entonces periférica provocó un crecimiento económico pero que, en vez de traer un polo de desarrollo regional, derivó en mayor desigualdad. Se utilizaba mano de obra indígena, que fue la más afectada. No solo fue asesinada sino desplazada. Hay también testimonios rescatados que hablan de venta de esclavos, de explotación de niños huérfanos para servidumbre y explotación sexual de mujeres y de menores de edad. De nuestras varias épocas nefastas, esa es una de las más nefastas. Por más que se diga que Iquitos se modernizó a nivel urbano, nada justifica lo otro. Esa narrativa de “olvidemos lo malo” porque hubo crecimiento económico es la que se aplica también en los noventa: sí, hubo muertos, hubo el Grupo Colina, pero eso no importa porque también tuvimos centros comerciales y salimos de la hiperinflación.

En su libro sobre los noventa ofrece un panorama de lo que fue la violencia política. ¿Cómo ve este debate instalado entre conflicto armado interno y terrorismo?

Es un debate necesario. Y creo que es un tema que no se ha agotado. Eso pasa en Chile, en Colombia, es normal. Lo que no es normal es que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para explicar que los conceptos de terrorismo y conflicto armado interno no se contraponen, de la necesidad de establecer responsabilidades a nivel penal y social, esto sea respondido por un grupo de personas radicales, extremistas que repiten que todos los que se les oponen son terroristas. Sendero Luminoso fue el grupo más brutal a nivel de violencia, nadie lo puede discutir. Eso no significa que se deje de lado la violencia que ejerció el Estado, en concreto quienes debían defendernos. En la medida que no aceptemos eso, lo que estamos haciendo es instrumentalizar a las víctimas de ese periodo para poder beneficiar políticamente a un grupo que busca la impunidad. Y eso es lo que me parece más peligroso de todo este debate, que no solo se manifiesta a nivel judicial sino a nivel cultural. Ahí está ese término absurdo de los libertarios de “batalla cultural”, que busca, por ejemplo, desfinanciar películas sin debate previo. Buscan imponer su visión particular y dogmática de las cosas.