Gobierno de Dina Boluarte designó a exespía acusado de corrupción en la DINI como jefe de gabinete de asesores

El gobierno de Dina Boluarte decidió reincorporar a Iván Julio Kamisaki Sotomayor en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), asignándole el cargo de jefe del gabinete de asesores. Kamisaki, quien fue capitán de la Policía Nacional y miembro de la Guardia Civil, se destaca como un conocido experto en espionaje electrónico y ha tenido una presencia notable en el sistema de inteligencia durante años, según una investigación de Punto Final.

El nombre de Kamisaki no resulta desconocido en los pasillos de la DINI. Durante el gobierno de Ollanta Humala, asumió varios puestos de alto nivel, entre ellos el segundo en la jerarquía de la organización y jefe del gabinete de asesores entre 2011 y 2015. También fue hombre de confianza del exasesor presidencial Adrián Villafuerte, lo que lo situó en el centro de diversos escándalos políticos que afectaron la administración de Humala. Estos escándalos giraron en torno a la gestión del servicio de inteligencia.

La polémica aumenta teniendo en cuenta que Kamisaki enfrenta acusaciones por delitos de colusión agravada en relación con el Proyecto Pisco, un caso que comprende la adquisición cuestionable de equipos de interceptación telefónica. El Ministerio Público ha solicitado diez años de prisión para él y otros involucrados, argumentando irregularidades en la compra de los equipos para enfrentar el crimen organizado.

PUEDES VER: Patricia Benavides: empresaria Sada Goray asegura haber sido utilizada por fiscal destituida

A pesar de estas acusaciones pendientes y mientras se espera el proceso de control de acusación, la administración de Boluarte eligió ubicar a Kamisaki en un puesto clave dentro de la DINI desde marzo de 2024. Su nombramiento ha sido confirmado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y Kamisaki declara un salario de 14,700 soles, según la información de la declaración jurada de intereses, bienes y rentas que presentó a la Contraloría.

Esta designación sucede en un momento en que la presidenta Boluarte y su equipo enfrentan investigaciones de la Fiscalía, lo que complica aún más la percepción pública sobre la integridad y la dirección de su gobierno. Las reuniones de Kamisaki con la presidenta en Palacio de Gobierno, junto con otras figuras del Estado, demuestran la confianza y el papel relevante que aún ocupa dentro del sistema de inteligencia nacional.

Los detractores de esta decisión señalan que representa un riesgo potencial y una señal alarmante sobre la seriedad del gobierno para manejar y reformar las prácticas en su servicio de inteligencia, en momentos de creciente inseguridad y desafíos políticos. No obstante, voceros del gobierno subrayan la vasta experiencia y el historial previo de Kamisaki en el ámbito de la seguridad nacional, enfatizando el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.

PUEDES VER: Plantean al Gobierno de Biden quitar visas a funcionarios peruanos vinculados a casos de abuso y corrupción

Iván Kamisaki: ¿qué es el caso Pisco y cómo está involucrado este exespía?

El caso Pisco, según el documento, involucra a Iván Julio Kamisaki Sotomayor y otros implicados en un proceso de adquisición controvertida de equipos de interceptación telefónica durante el gobierno de Ollanta Humala. Kamisaki y su exjefe, Víctor Gómez Rodríguez, enfrentan acusaciones de colusión por haber manejado inapropiadamente la compra de estos equipos. Estas adquisiciones se realizaron presuntamente bajo presión política, sin un presupuesto adecuado, y aparentemente sin el soporte necesario para justificar la compra a la empresa israelí Verint Systems Ltd.

La Fiscalía argumenta que Kamisaki ayudó a Víctor Gómez a concertar ilegalmente con Shafrir Paz, representante de Verint Systems, para la compra de los equipos. Esta operación no contó con los requisitos de planificación ni cumplió con las necesidades básicas del sistema de inteligencia, según las investigaciones. Además, los equipos adquiridos, destinados a la interceptación legal para combatir la delincuencia y el crimen organizado, nunca entraron en funcionamiento.