Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, se pronunció sobre la ley que limita las investigaciones contra los delincuentes, aprobada en primera instancia por el Congreso el 30 de mayo.
Chávez Cotrina señaló que, semanas atrás, llegó a las instalaciones del Congreso con el jefe de la Dirincri de la PNP, a fin de sustentar ante la Comisión de Justicia la posición de la Fiscalía con respecto a la ley que beneficia directamente a los investigados en organizaciones criminales. Sin embargo, no fue atendido.
"Lamentablemente, no nos atendieron los congresistas. Solo mandaron a sus asesores, a los cuales les planteamos que esta modificación a la ley era gravísima porque atenta contra la lucha contra organizaciones criminales", mencionó Chávez Cotrina en declaraciones a Canal N.
"Es más, yo les dije textualmente que lo mejor sería que cierren la policía y nos dejen en manos de la delincuencia, porque esta norma es en favor del crimen organizado", añadió.
El titular de las Fiscalías de Crimen Organizado cuestionó que la ley que promueve el Congreso obligue a que los allanamientos se realicen en presencia de los abogados e investigados con previa notificación.
Con esta norma, lo que pretenden es que nosotros, cuando tengamos la orden judicial de allanamiento, notifiquemos a los abogados de los delincuentes para que estén presentes en el operativo que ejecutamos", apuntó.
Durante la entrevista, Cotrina alegó que al ejecutar la ley del Congreso se pierde el "factor sorpresa" durante los operativos contra el crimen organizado
"¿De dónde voy a sacar yo 60 abogados de la defensa pública, máxime si trabajan desde las 8 a. m. y los operativos son de amanecida? Además, se pierde el factor sorpresa (…) ¿Qué creen que van a hacer? No los vamos a encontrar", sentenció.
El pasado 30 de mayo, el Congreso aprobó en primera instancia la modificación del Código Penal con respecto a la Ley Contra el Crimen Organizado.
La aprobación incluye la tipicidad de una organización criminal, así como la modificación del procedimiento de allanamiento judicial.