La pensión vitalicia para expresidentes en Perú, establecida por la Ley 26519, asegura un pago mensual de por vida a los antiguos líderes del país. Aunque la ley garantiza este beneficio para todos los exmandatarios peruanos, algunos no lo reciben por diversas razones. Por ejemplo, Pedro Castillo no recibe esta pensión, mientras que Alejandro Toledo, a pesar de estar encarcelado en el penal Barbadillo, sí la cobra.
Los expresidentes peruanos no solo reciben un salario mensual vitalicio, sino que también tienen acceso a beneficios adicionales como seguridad personal y atención médica. Es relevante señalar que, en caso de fallecimiento del exmandatario, la pensión vitalicia se transfiere a su cónyuge y/o hijos menores de edad, lo que asegura un sustento económico continuo más allá de su gestión presidencial. Esta medida busca brindar estabilidad financiera a las familias de los exjefes de Estado una vez que hayan concluido su mandato.
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Uno de los expresidentes que en la actualidad recibe esta pensión es Alejandro Toledo, quien gobernó el país durante el periodo 2001-2006. No fue hasta 2017 cuando empezaron las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de colusión y tráfico de influencias en el marco del caso Odebrecht.
"En el caso de Toledo, la acusación se hizo mucho tiempo después de que él ya había dejado de ser presidente. Si tiene una acusación constitucional, el caso debería estar establecido como un tema de suspensión de la pensión vitalicia", declaró Branko Yvancovich, abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Como las denuncias contra Toledo pasaron años después de ejercer la presidencia, en la actualidad puede cobrar la pensión vitalicia que ronda los S/15.600 y está recluido en el penal Barbadillo.
"Después de que pasan años, ya pueden ser procesados, investigados como a cualquier peruano. De ese modo, ya no estarían sujetos a esa restricción normativa que les suspende esa pensión vitalicia", agregó el especialista.
Alejandro Toledo fue el líder del partido político Perú Posible, el cual fundó en 1994. Foto: Actualidad Penal
El expresidente Pedro Castillo, quien fue vacado en diciembre de 2022 tras un intento de golpe de Estado, realizó solicitud al Congreso para obtener una pensión vitalicia de S/15.600. Esta petición, la cual también la hizo Alberto Fujimori, fue negada por el mismo Parlamento, por lo que no recibe este beneficio.
El exmandatario recibió una notificación del Legislativo el 11 de abril, en la que se informaba que su solicitud no procedía, lo que llevó a su defensa a apelar esta decisión. Como se sabe, Castillo enfrenta una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Los exmandatarios de Perú que hoy en día perciben el beneficio vitalicio son los siguientes:
Alan García Pérez: a Pilar Nores, viuda de García, con quien no se divorció antes de su fallecimiento, le corresponde recibir la pensión vitalicia. Compartía este ingreso con Federico Dantón, fruto de la relación entre Alan García y Roxanne Cheesman, quien ahora es mayor de edad.
Valentín Paniagua: la pensión vitalicia le correspondía a Paniagua, pero en la actualidad es percibida por su viuda Nilda Jara Gallegos.
Alejandro Toledo: el presidente está recluido en el penal Barbadillo, pero aún recibe la pensión vitalicia. No obstante, en 2017 este beneficio fue anulado cuando fue investigado por el caso Odebrecht.
Ollanta Humala Tasso: aunque tiene procesos judiciales, Humala cobra la pensión vitalicia.
Pedro Pablo Kuczynski: a pesar de estar en prisión domiciliaria, Kuczynski percibe la pensión vitalicia.
Los expresidentes constitucionales de Perú reciben una pensión equivalente al salario de un congresista en actividad, es decir, 15.600 soles. Es importante destacar que esta pensión vitalicia puede ser anulada si el Congreso presenta una acusación constitucional contra un expresidente, a menos que una sentencia judicial los declare inocentes.
En otras palabras, si el Parlamento inicia un proceso de acusación contra un exjefe de Estado por presuntas infracciones constitucionales, este perderá el derecho a recibir la pensión mientras dure el proceso. No obstante, si una sentencia judicial posterior declara al expresidente inocente de los cargos, el derecho a la pensión vitalicia se restablecerá.