El fiscal del Nación, Juan Carlos Villena, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para emitir su opinión sobre el reciente proyecto de ley 6816/2023-CR, que propone reemplazar a la Junta Nacional de Justicia por la Escuela Nacional de la Magistratura. Villena Campana emitió varias observaciones de crítica contra la propuesta legislativa, principalmente porque "no sería factible en este momento".
El titular del Ministerio Público analizó diversos motivos por los que no sería ideal crear una Escuela Nacional de la Magistratura, entre ellos, la concentración del poder que recaería en solo tres miembros encargados de designar jueces y fiscales para todo el sistema de justicia peruano. También señaló que el MP ya cuenta con la Academia Nacional de la Magistratura con dos de sus representantes supremos en el Consejo Directivo.
De acuerdo a lo expresado por Villena en el Parlamento, una de las principales observaciones está vinculada al proceso de selección para el ingreso a la ENM, que especifica el PL presentado por la congresista de Renovación Popular Gladys Echaíz. Dicho ingreso sería por concurso público y se exige la dedicación exclusiva para la formación por dos años. De esta manera, los interesados no podrían dedicarse a otras actividades laborales y si están trabajando, deberán pedir licencia. "No sabemos quién les pagará sus remuneraciones y se va a crear un caos en los despachos fiscales", refirió.
Otra de las observaciones precisadas por el fiscal de la Nación fue la composición de Consejo Directivo, constituido por tres miembros. Detalló que el MP ya tiene tres fiscales supremos y con la aplicación de este PL, uno de ellos ya no cumpliría con sus funciones y se dedicaría a la ENM por completo. "Van a encargarse del nombramiento de jueces y fiscales del país, luego ver su ascenso, nombrar a los jefes de órganos de control de Poder Judicial y MP, concentrado todo ese poder, creemos que no es lo más adecuado".
Esta iniciativa propone una reforma que también incluye la elevación a nivel constitucional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la creación de un Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia.
La Escuela Nacional de la Magistratura estaría diseñada como la única vía de acceso a las carreras judicial y fiscal, reemplazando a la Junta Nacional de Justicia y la Academia Nacional de la Magistratura. El objetivo es centralizar y depurar el proceso de selección y formación de magistrados, eliminando prácticas consideradas nocivas como la ratificación, y reduciendo la influencia política en la selección y carrera de los jueces.
Este proyecto también busca fortalecer las autoridades de control, centralizar el poder disciplinario y asegurar una participación menos politizada en la gobernanza de la Escuela, con un consejo directivo técnico y especializado. La implicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es destacada, reconociendo la importancia de asegurar recursos adecuados para las reformas propuestas.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha apoyado esta iniciativa, destacando su potencial para transformar el sistema de administración de justicia en el Perú hacia uno más eficiente y menos susceptible a influencias políticas externas.