Expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez se defendió ante la SAC

Durante la presentación de sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el juez Duberlí Rodríguez Tineo señaló que la imputación de presunto delito de prevaricato y abuso de autoridad se generó porque en su condición de expresidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la Corte Suprema se aplicó una medida disciplinaria a un exjuez supernumerario.

Según la denuncia presentada, en la medida disciplinaria se habría aplicado una norma derogada y que también se han incorporado hechos que no forman parte del proceso administrativo disciplinario.

Rodríguez Tineo refirió que la medida disciplinaria se tomó de acuerdo a un informe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que preside Ana María Aranda, y donde se señala que el juez a quien se aplicó la medida cometió un hecho inaudito dentro de la historia de los jueces en el país: fue personalmente a tramitar una excarcelación.

 “Cuando firmo la resolución, no he añadido un hecho no comprendido en la investigación. Somos los dos denunciados, Ana María Aranda, como jefa de la OCMA porque hace el procedimiento disciplinario, y yo, porque era el presidente del Consejo Ejecutivo y porque ratificamos una sanción que la OCMA había puesto”, explicó.

Respecto a que habría aplicado una norma derogada, Duberlí Rodríguez mencionó que el nuevo reglamento tiene disposiciones complementarias y finales, y que la complementaria dice que los procedimientos abiertos continúan su trámite según las normas procedimentales con las que se iniciaron.

“Y como al señor se le inició un proceso disciplinario con procedimiento del año 2009, entonces el reglamento del 2015 mantiene vigente el procedimiento del 2009. Por tanto, queda descartado el cargo que está haciendo”, agregó.

Insistió en que no han cometido prevaricato porque lo que realizaron ha sido en uso de sus atribuciones. Solicitó archivar la denuncia al considerar que ha desvirtuado los cargos imputados.

Recorte de sueldo

Por su parte, la excongresista fujimorista Lizbeth Robles, acusada de cometer presunta concusión y negociación incompatible, dijo desconocer que en su despacho haya habido un acuerdo para entregar dinero. Esto, respecto a la acusación de haber obligado a dos asesores a entregarle el 50% de sus haberes como condición para renovar sus contratos en los años 2016 a 2018.

“Entre ellos habrá habido el acuerdo. En ninguna carpeta ni fiscal dice que conmigo han tenido un acuerdo, hasta ellos han dado sus declaraciones y a mí no me mencionan”, alegó la exparlamentaria.

También negó que haya requerido a sus asesores mensualmente la suma de 200 soles en efectivo. Dijo que se estilaba dar una cuota para cuando lleguen los cumpleaños del personal y que incluso ella solía dar 10 o 20 soles para dicho fin.

A Robles se le imputa asimismo de haber contratado como asesor al hermano de su entonces conviviente.

Antes de suspender la audiencia, la presidenta de la SAC, Lady Camones, informó que en la próxima sesión se escuchará a los testigos de este caso.

Indicio sobre el recorte de sueldo

Según la denuncia constitucional contra Lizbeth Robles, los exasesores han coincidido en decir que cuando se negaban a pagar lo acordado, la excongresista los citaba a su despacho para comunicarles su intención de prescindir de sus servicios. La Fiscalía de la Nación lo tomó como indicio de su intervención en el recorte salarial indebido.