En horas de la noche del último viernes 29 de marzo, integrantes de la Fiscalía y miembros de la Diviac llevaron a cabo el allanamiento de la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Surquillo. Este hecho, que ha causado repercusión a nivel nacional e internacional, motivó que las diferentes bancadas y políticos mostraran su posición respecto a ello. Por otro lado, algunos ministros de Estado se acercaron a Palacio de Gobierno durante la madrugada para participar de una reunión de emergencia junto con Boluarte Zegarra, quien se encontraba en la sede del Ejecutivo.
La República pudo constatar mediante la cobertura minuto a minuto de este acontecimiento que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartinini; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles-Olaechea; y el primer ministro, Gustavo Adrianzén, fueron los tres primeros funcionarios que se acercaron a Palacio de Gobierno para realizar un Consejo de Ministros extraordinario desde la madrugada.
Luego de esta reunión de emergencia, el primer ministro se pronunció a través de sus redes sociales para mostrar su rotundo rechazo por como se han llevado a cabo las diligencias en contra de la mandataria. El allanamiento se dio en el marco de las investigaciones contra la jefa de Estado por el presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de no haber declarado una colección de 15 relojes de alta gama que poseía y que estaban valorizados en US$32.000 cada uno.
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"Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales. La presidenta Dina Boluarte se encuentra en Palacio... Ella pidió una reprogramación y, extrañamente, no se la aceptaron. A pesar de ello, sigue colaborando con la Fiscalía. Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras...", se pronunció Adrianzén a través de X.
Más tarde, tras haberse allanado las oficinas del despacho presidencial, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, tuvieron un pronunciamiento en conjunto en el patio de Palacio de Gobierno, donde con Gustavo Adrianzén y los ministros ya citados en párrafos anteriores dieron su perspectiva sobre estas investigaciones.
"Lamentablemente, más de 20 policías y fiscales se apersonaron tanto al domicilio como despacho de la presidenta. Esta desproporcionada medida revela un acto que a todas luces no solamente es inconstitucional, sino que, además, nos hace ver que existe un uso indebido de la justicia y de sus medios como la Fiscalía y Poder Judicial, que lo que están haciendo es evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes se está tocando la democracia. Estos hechos no son casuales, estos hechos tienen como propósito resquebrajar el Gobierno, la democracia y la institucionalidad", informó Arana.
En el trascurso del día, los ministros del Interior, Comercio Exterior, Cultura, Defensa, Vivienda, Economía y de la Mujer registraron su llegada a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta tras el pronunciamiento de Adrianzén.