En una conferencia de prensa, el primer ministro, Alberto Otárola, se pronunció acerca del viaje que realizó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador el último miércoles 21 de febrero. El jefe del gabinete ministerial indicó que dicho funcionario se dirigió al país mencionado para conocer sobre su sistema penitenciario, con el fin de determinar si se podría implementar en el Perú.
Asimismo, señaló que el ministro Arana se reunirá con las autoridades del Gobierno de Nayib Bukele para conversar al respecto. Se conoció que las personas que cumplen una condena en las cárceles no cuentan con un espacio adecuado para desarrollar sus actividades y permanecen dentro de dicho lugar.
"Ha sido enviado por el Gobierno para ver la realidad de la logística carcelaria en este país, que no solo se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan todos los presos más violentos y los más peligrosos. También ha ido a sostener reuniones conjuntas con el sector Justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles que pensamos que ojalá podamos implementar en el Perú", declaró el titular del gabinete ministerial.
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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que en el Perú se registra una sobrepoblación en los centros penitenciarios. En ese sentido, reveló que hay casi 100.000 presos y que, ante ello, las autoridades deben estar pendientes para evitar que se cometa algún delito dentro de la prisión.
"Nos preocupan mucho aquellos presos por delitos violentos, que podrían dirigir mensajes y/o organizaciones criminales para la extorsión. Entonces ese es el objetivo del ministro de Justicia", indicó.
Según Enrique Castro, coordinador del proyecto 'Taller de Asuntos Públicos', informó que en Perú y El Salvador se reportan hechos y situaciones diferentes. Además, señaló que en el Perú la criminalidad se encuentra "deslocalizada". "Acá (en Perú) no tienes que perseguir personas, tienes que perseguir mercados criminales. Las personas son peones", dijo.
Asimismo, consideró que los delitos más frecuentes en el país están relacionados con la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión y robo de celulares. "Hay un delito trasnacional relevante a partir de la ausencia del Estado, protegiendo nuestros recursos y la corrupción", dijo.
Por su parte, el periodista Augusto Álvarez Rodrich señaló que el plan Bukele "tiene aparejado un problema de irrespeto al Estado de derecho" y que "no tiene ningún sentido aplicarlo en el Perú porque los problemas son otros".
"Si meten a todos en la cárcel, las cosas van a tender a mejorar, pero puede ser injusto. Se dirá: 'Qué bueno que hay más seguridad', pero sería malo si meten a la cárcel injustamente al hermano, al tío, al hijo, al papá en la cárcel porque tienen una raya que parece a los maras salvatruchas", añadió.