Una radiografía de la criminalidad en Piura: asesinatos, cobro de cupos y extorsiones en la ciudad del eterno calor

A pocas horas que inicie el año 2024 el empresario Manuel Mines se encontraba fuera de su casa, junto a su camioneta, a la espera de su esposa, quien se hallaba adentro apagando una hornilla de la cocina. Ambos tenían planeado acudir hacia una de sus tiendas; sin embargo, en esos breves segundos de aguardo, sujetos en una motocicleta acribillaron al adulto mayor. Su cuerpo quedó tendido en la acera, sin vida.

Esta muerte abrió lo que se ha convertido en un marcador siniestro, en un mes y medio los asesinatos ascienden a 18 en la región de Piura, según información de la División de Investigación Criminal (Divincri). El año anterior cerró con 138 defunciones, es decir, el 2023 se registró casi un asesinato cada dos días y medio. La mayoría de estas se produjeron en las provincias de Piura y Sullana.

Tanto el jefe de la región policial, Manuel Farías, y el jefe de la Divincri, Carlos Li, coinciden en que un porcentaje importante de las muertes guardan relación con una pelea por la hegemonía del territorio que existe entre bandas criminales, con el objetivo de monopolizar el cobro de cupos, el tráfico de drogas y de terrenos.

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“Tenemos bandas criminales en Piura (provincia) que predominan en el tráfico ilícito de drogas en la zona de Castilla. La banda de Los pollos, Los Ramírez, Los Portillas, Los injertos de Castilla o los que se hacen llamar Los hijos de Dios. Ya ha habido varios muertos por predominar en esa zona (…) Y hay cada vez nuevas bandas porque podemos agarrar dos o tres, pero estos se injertan con otros y surgen nuevos grupos que continúan en lo mismo o se dedican a realizar los robos por medio del marcaje”, expuso el coronel Li.

En el caso de Sullana, donde en los últimos años cundió la violencia por el cobro de cupos en obras de construcción, una práctica que se encuentra casi normalizada en la provincia, el general Farías apuntó a organizaciones como la de Los Bolongos o la banda de Los Pallas, los que tienen predominio en el mundo del hampa local.

Sin embargo, son muchas también las historias que se pueden contar de víctimas que se encuentran fuera del círculo criminal, como es el caso del estudiante universitario Juan Sabino, quien fue asesinado durante un robo, o del policía Oscar Cornejo, quien halló la muerte mientras ejercía como seguridad durante su día de descanso a pocas cuadras de la comisaría de Castilla. Ambos jóvenes de menos de 25 años.

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Una bala en tu puerta

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, sostuvo que el estado de emergencia que rige desde el pasado 20 de septiembre en la provincia norteña habría logrado un descenso de los asesinatos. No obstante, desde la comuna se advierte el aumento de un delito que afecta principalmente a emprendedores y empresarios: la extorsión.

“Lo que ha subido son las extorsiones, a través de mensajes de texto, y llegando a agredir a los domicilios. Esto casi no se vio el año pasado, disparos en las puertas de los domicilios o contra personas, hiriéndolas, detonación de artefactos explosivos (…) De seguir así, va haber un repunte de las muertes por sicariato”, sostuvo la autoridad local.

Al respecto, el jefe de la Divincri sostuvo que en el 2023 el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Piura registró 526 casos y en la Depincri Sullana se reportaron 364. Cabe señalar que este es un panorama parcial, ya que no en todos los casos se llega a realizar la denuncia policial.

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“Las extorsiones en Piura se han venido incrementando, del 2022 al año pasado en aproximadamente un 5%. En un 95% de casos salen del penal. Nuestro establecimiento penitenciario no tiene bloqueador de celulares por eso la delincuencia desde este lugar hace fácilmente las llamadas extorsivas”, apuntó Li.

Riesgo latente

Sobre la situación en Piura, el alcalde Gabriel Madrid teme el incremento del cobro de cupos y extorsión tras el próximo inicio de mega obras en la jurisdicción valorizadas en cerca de 1.000 millones de soles.

“Es apetecible para la delincuencia. Por eso es que venimos insistiendo a nivel del comité regional de seguridad ciudadana que Piura sea declarado en emergencia. Cuando se hizo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Sullana hubo una ola de criminalidad”, expresó el burgomaestre.

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Descoordinación y carencias

Ante el incremento de una criminalidad más violenta en la vida cotidiana de la ciudadanía, el burgomaestre Mogollón sostuvo que es necesario superar lo que considera una constante descoordinación entre las distintas divisiones de la policía.

“No hay una articulación entre los diversos estamentos de la policía. Cada uno trabaja por su lado. Si uno va donde el general y le pregunta que está haciendo la Divincri, no conoce, y si se le preguntas que están haciendo los 30 policías que han llegado de la brigada especial tampoco sabe”, cuestionó la autoridad local.

En esa línea, el jefe de la región policial reconoció que se ha detectado esta problemática; aseguró que se ha dado una renovación del personal que dirige el departamento en casi un 90% y se prevé una reunión con todos los comisarios de distintas provincias para seguir una misma línea de trabajo.

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“Nos estamos comprando problemas, por la inacción de gestiones diferentes (…) Vamos a medir la calidad del servicio que da la Policía (…) Hay que hacer un mea culpa, muchas organizaciones tenían comprados a policías o miembros del poder judicial. ¿Por qué (crees que) había intocables?”, aseveró el general Farias.

Por su parte, Carlos Li sostuvo que la Divincri trabaja en condiciones de precariedad, ya que los efectivos laboran hacinados en el local de la Depincri Piura y el establecimiento en Sullana ya ha sido señalado como inhabitable por personal de Defensa Civil. “La Divincri está un poco caída. Se han reducido los efectivos, un promedio de 30 en Piura y 20 en Sullana (…) Un 50% del personal trabaja con sus propias computadoras”, acotó.

Próximas acciones

El general Farias indicó que en los próximos días se anunciarán nuevas disposiciones en torno al transporte en Piura. Señaló que intervendrán los paraderos de motolineales para erradicar este servicio, ya que este sería el vehículo más utilizado para cometer robos y asesinatos. Además, todos los mototaxis tendrán que portar una identificación visible para que los pasajeros reconozcan el nombre del conductor y la asociación a la que pertenece. “Un vehículo que no cuente con estas características va ser identificado como sospechoso y llevado al depósito”, comentó.

Antes de terminar este informe se le preguntó el jefe de la Divincri por los responsables del asesinato del empresario Manuel Mines. Al respecto, el coronel indicó aún no tener detenidos, no habría las suficientes cámaras de seguridad para identificar a los ejecutores del crimen.