Gobierno de Dina Boluarte tiene hasta el 19 de enero para observar la eliminación de las PASO
El último 14 de diciembre, el Congreso eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias de los partidos políticos. Este sigue pendiente de una decisión de parte del Ejecutivo, quien puede aprobarlo u observarlo.
El Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene —como plazo máximo— hasta el 19 de enero para tomar postura en torno a la decisión del Congreso de la República que deja sin efecto las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que permite que los partidos políticos sigan eligiendo a sus candidatos sin la participación de la ciudadanía, en lo que representa un golpe al sistema democrático.
El último 14 de diciembre, el Parlamento —con 74 votos a favor, 36 en contra y 12 abstenciones— aprobó aplicar modificaciones a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Tras ello, la iniciativa pasó a la oficina especializada de la Oficialía Mayor, donde fue redactada la autógrafa para su posterior envío a la jefa de Estado.
Plazo vence el 19 de enero
De acuerdo al artículo 108 de la Constitución, cada ley aprobada por el Congreso es enviada al presidente de la República para que —en cumplimiento de sus prerrogativas— promulgue dentro de un plazo de 15 días hábiles la iniciativa aprobada. Tras ello, ya podría hacerse oficial. Este plazo vence el 19 de enero.
En tanto, Dina Boluarte puede promulgar la iniciativa u observarla, con lo cual la autógrafa retornaría al Congreso para volver a ser votada. Se requiere el voto de la mitad más uno de los parlamentarios para que sea aprobada. Esto se puede dar con o sin resolver las observaciones planteadas desde Presidencia.
La tercera opción es que Dina Boluarte no promulgue ni observe la ley. Por ello, la responsabilidad recaería en el presidente del Congreso o el titular de la Comisión Permanente. Alejandro Soto Reyes ocupa ambos cargos actualmente.
Unas PASO suspendidas por la coyuntura
Las PASO se encontraban vigentes desde el 2019, estas permitían que los ciudadanos puedan elegir a sus candidatos para las elecciones generales, estén afiliados o no a una agrupación política.
Durante el paso de los años, la medida fue suspendida en dos ocasiones. La primera en 2020, a causa de la pandemia de la COVID-19. La segunda, debido a razones técnicas para su ejecución. Sin embargo, la permanente inhabilitación de esta norma podría afectar gravemente la capacidad democrática de los ciudadanos. Incluso, ocasionaría la proliferación de mafias dentro de los partidos políticos.