La Contraloría General de la República detectó que casi 2.200 proveedores del Estado peruano poseen relaciones de consanguinidad y afinidad con funcionarios públicos. Ello, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado establece que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad como cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos, y primos hermanos, estén impedidos de hacerlo.
Dentro de las conclusiones elaboradas por la Contraloría, se identificó también que cerca de 700 personas trabajan para el Gobierno peruano, pese a que se encuentran, actualmente, inhabilitados de ejercer alguna función pública. La detección de estos casos se realizó con el uso de inteligencia artificial y se anunció en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023.
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En la CAII 2023 se concluyó los actos de corrupción se producen con mayor frecuencia en las contrataciones con el Estado. Por ello, el organismo mencionó que "se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023".
Asimismo, con la intención de seguir las recomendaciones de consultores internacionales, la Contraloría afirmó: “Conocer este sistema paralelo oculto permitirá convocar a múltiples actores de la sociedad para simplificar los procesos y reducir los riesgos de corrupción en un lapso de meses".
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El organismo autónomo indicó que el uso de la inteligencia artificial, así como el de la Big Data y Data Analytics, permitirá realizar auditorías de forma masiva, y, con ciertos aplicativos informáticos, se puede facilitar la detección de casos de corrupción en el país. Respecto a ello, la Contraloría sostuvo: “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”.