Jefe asháninka Ángel Pedro Valerio: “Vivimos un clima de inseguridad en nuestros territorios”

“De 171 defensores ambientales en situación de riesgo, el 70% somos personas indígenas. Este no es solo un problema de Junín sino a nivel nacional, porque nosotros sufrimos constantemente presiones en nuestros territorios por el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico o la tala ilegal, lo que pone en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias”, sostuvo Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

Valerio ya se encuentra en Lima para participar este viernes 21 de octubre, desde las 9.30 de la mañana, en la Mesa de Trabajo Multisectorial con la participación de CARE, AIDESEP, DAR, líderes y lideresas asháninkas del Ene, quienes se reunirán en la Sala Kuelap, en el Ministerio de Cultura, para desarrollar propuestas en favor de los territorios indígenas y de los derechos de defensores y defensoras ambientales.

Este evento se desarrolla en el marco del proyecto “Promoviendo el respeto de los derechos humanos ambientales y la protección de defensores y defensoras ambientales indígenas frente a actividades de grandes de proyectos de infraestructura, actividades extractivas y actividades ilegales”, con el apoyo de la Unión Europea.

Un problema latente

A pesar de diferentes iniciativas establecidas por el Estado peruano en los últimos años, los defensores y defensoras ambientales continúan en situación de riesgo, debido a la ola de violencia que viven a diario en la defensa de sus territorios, por lo que urge aprobar e implementar normas que aseguren su protección efectiva y atiendan los problemas de fondo relacionados con la inseguridad jurídica sobre sus territorios.

“Vivimos un clima de inseguridad a diario en nuestros territorios porque pese a que contamos con títulos de propiedad, no están inscritas en los Registros Públicos debido a que no se encuentran georreferenciadas y por este motivo, no podemos defender nuestros territorios. Por eso, solicitamos al gobierno que implemente las leyes que protejan nuestras vidas y nuestras comunidades”, comentó Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE.

En la cuenca del Ene, provincia de Satipo, en la región Junín, la presencia estatal es muy limitada y existe una labor pendiente por parte del Estado peruano. Aquí, la organización indígena CARE, que representa a 19 comunidades nativas y 33 anexos, necesita con urgencia que se hagan efectivas las leyes establecidas para proteger a defensores y defensoras ambientales.

No hay sanciones

De todos modos, los pobladores indígenas amazónicos sienten que no tienen verdadero acceso a la justicia ambiental, porque a pesar de hacer las denuncias respectivas, no se sancionan a las personas u organizaciones criminales responsables.

Esta falta de respuesta por parte del Estado pone en riesgo la vida del denunciante y la de su familia. Esto debido a la existencia de barreras geográficas, culturales, presupuestarias, redes de corrupción, entre otras que a la larga devienen en impunidad.

Finalmente, en la Mesa de Trabajo Multisectorial que se realizará este viernes 21 se destacará la importancia de que el Estado peruano ratifique el Acuerdo de Escazú, tratado regional que incluye en uno de sus artículos la defensa de las personas defensoras ambientales. La cita la organiza CARE, con apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Algunos avances

En este tema de los defensores ambientales hay algunos avances como los que se han realizado bajo el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

Uno de ellos es el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con otros ocho sectores del Ejecutivo, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, DE VIDA, entre otros.

Además, existe la iniciativa de la Defensoría del Pueblo que desde julio de 2020 cuenta con Lineamientos de Actuación que buscan fortalecer el acceso a la justicia y protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Otro avance es también la del Ministerio Público, entidad que en abril de 2022 aprobó un Protocolo de Personas Defensoras.