Félix Chero dice que Juan Silva “tiene derecho” a que el Estado asuma los costos de su defensa legal
Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, alegó que todo exfuncionario merece ser defendido “sin importar el monto”.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, manifestó que Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, investigado por el presunto delito de organización criminal, tiene derecho a que el Estado asuma los costos de su defensa legal. Esto lo mencionó tras conocerse que el exfuncionario solicitó a la entidad que presidió que desembolse los S/ 350.000 que costarían los servicios de su abogado.
“Todo ciudadano que es investigado en el Perú, indistintamente de quién se trate, está encubierto por la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional (...). Mientras lo esté, tiene derecho a ser defendido cualquier ciudadano que ejerce la función pública, sin importar el monto”, dijo Chero Medina a la prensa en el auditorio del Ministerio de Cultura.
Asimismo, indicó que, antes de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encargue de los gastos de la defensa legal de Juan Silva, su solicitud será evaluada por la entidad de acuerdo con el marco legal que ampara a los funcionarios públicos.
“Si un funcionario público es investigado por actuar en cumplimiento de la función pública y, en ese cumplimiento, se le involucra un acto de corrupción, (entonces) tiene derecho, después de una evaluación, (a) que se le asigne (la) defensa (legal)”, expresó.
Juan Silva pide que Ministerio de Transportes y Comunicaciones asuma los gastos de su defensa legal
El último viernes 3 de junio, Juan Silva solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, en calidad de extitular del referido despacho, asuma los gastos de su defensa legal en las investigaciones en las que se ha visto inmerso por supuestos actos de corrupción en su gestión.
El exministro hizo la referida petición en base al artículo 35 de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, que establece que que todo funcionario y exfuncionario del Estado tiene derecho a “contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad para su defensa” en procesos por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones.