Fiscal de la Nación evalúa investigar a Pedro Castillo

En la disposición con la que dio inicio a la investigación contra el exministro de Transportes Juan Silva, y el grupo de 6 congresistas conocidos como ′Los Niños′, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no menciona al presidente Pedro Castillo, pero describe su actuación en la trama de los contratos a favor de constructoras nacionales y chinas.

Sánchez señala que ni Juan Silva ni los legisladores acciopopulistas, mucho menos los sobrinos del jefe del Estado, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y tampoco el amigo del presidente Zamir Villaverde García podrían haber actuado por su cuenta. Que necesariamente tuvieron que haber contado con el consentimiento del presidente Pedro Castillo para torcer 7 contratos de Provías Descentralizado a favor de empresas confabuladas.

En esa línea, Pablo Sánchez ha recibido informes de la fiscal especializada en lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, que fue la primera en recoger el testimonio de la colaboradora eficaz Karelim López, quien afirmó que el presidente Pedro Castillo encabezaba una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.

Audios difundidos de conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, en las que se advierte el posicionamiento de funcionarios públicos en el Gobierno, refuerzan la hipótesis fiscal de organización criminal.

Para la fiscal Luz Taquire, la concertación de intereses produjo la entrega de contratos digitados a constructoras peruanas y chinas, y estas en compensación hicieron pagos a los involucrados. Estos actos de corrupción serían la fuente ilícita que dio origen al lavado de activos.

La República consultó con tres fuentes diferentes muy cercanas con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, las que confirmaron que la autoridad se encuentra en proceso de evaluación de investigar al presidente Castillo por el presunto delito de lavado de activos.

Recuérdese que el 28 de marzo de este año la Fiscalía dispuso el allanamiento de las viviendas de varios involucrados, entre ellos del exgerente de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra. Cuando se revisó la documentación incautada en la residencia de Villafuerte, se encontró en su agenda la siguiente anotación: “Existe presión del presidente/ministro”, en alusión al mandatario Pedro Castillo y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas.

Dos colaboradores eficaces informaron a la Fiscalía que la anotación comprobaba que funcionarios como Alcides Villafuerte recibían presión del presidente Castillo y del exministro Silva, quienes interferían en los procesos de licitación de Provías Descentralizado.

Coincidentemente, la investigación por presuntos actos de corrupción se concentra en 7 contratos adjudicados por Provías Nacional por 804,5 millones de soles. Se favorecieron a 3 constructoras chinas y a 2 peruanas.

Entre otros reportes, que el fiscal de la Nación estudia, se encuentra el Informe Complementario N° 02-2022-2°FISLAA-TD, que le remitió la titular del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Luz Taquire Reynoso.

En dicho documento que está en manos del fiscal de la Nación se informa sobre la corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y se menciona claramente al presidente Castillo, lo que explica por qué Pablo Sánchez dispondría investigarlo por lavado de activos.

“En relación al exministro Juan Silva (...), el exalto funcionario formaría parte de una mafia en conjunto con el actual presidente, Pedro Castillo, además con la empresa China Civil Engineering Construction, sucursal Perú. Y que además participa en esta presunta mafia Zamir Villaverde García, quien sería el cajero, además de los sobrinos del presidente”, señala la fiscal de lavado. En esto se basaría el fiscal de la Nación para emprender una investigación al jefe del Estado por presunto lavado de activos.

Congresistas ‘Los Niñosʼ entregaron sus pasaportes

Pocas horas después de que se dio a conocer que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó 9 meses de impedimento de salida del país para 6 congresistas de Acción Popular, estos se presentaron al Ministerio Público para entregar sus respectivos pasaportes.

No obstante que los legisladores estuvieron de acuerdo con las investigaciones, les pareció un “exceso” que Pablo Sánchez pida impedimento de salida del país.

El fiscal de la Nación imputa el presunto delito de tráfico de influencias agravado a los congresistas Ilich López Ureña, Jorge Flores Ancachi, Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Juan Moris Celis.

Para estos legisladores, que eran conocidos en Palacio de Gobierno como ′Los Niños′, son víctimas de “venganza política” y rechazaron las imputaciones fiscales. Afirman que contribuirán con las investigaciones.